Hasta la vereda de Alto Remanso llegó un equipo de la Procuraduría, liderado por el procurador Delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, quien recolectó diferentes pruebas y conversó con personas de la comunidad y de miembros de la fuerza pública para dar claridad a los hechos sucedidos el pasado 28 de marzo.
Según informó el procurador delegado, él y su equipo, en el que hay integrantes de investigaciones de la Procuraduría General, llegaron hasta la vereda a practicar distintas pruebas de indagación. Allí tomaron 12 declaraciones a habitantes de la zona que contaron la versión de lo sucedido, en un operativo contra disidencias de las Farc.
Sarmiento dice que posteriormente se trasladaron hasta la base militar en donde tomaron versión libre a cinco oficiales y suboficiales del Ejército vinculados inicialmente a la indagación previa, así como a cinco soldados que fueron testigos de los hechos.
El delegado de la Procuraduría recalca que, por asesoría de los abogados del Fondetec, los militares hicieron uso de su derecho a guardar silencio.
Hace dos días la Procuraduría había anunciado que se encargaría de la investigación para esclarecer lo ocurrido en el Putumayo, hechos en los que los miembros del Ejército dicen que combatieron estructuras armadas de las disidencias de las Farc, como lo revelan pruebas oficiales.
El Ejército había presentado un informe de 300 páginas en el que detalla lo ocurrido y la investigación que habían adelantado previo al enfrentamiento en el que murieron once personas, según información del Ejército, pertenecientes a ese grupo residual de las Farc.
La Procuraduría no ha sido el único ente de control que ha estado detrás de estos hechos para esclarecer qué pasó con exactitud ese día. Hasta allí también llegó la Defensoría del Pueblo, que evidenció en otro informe que allí hacen presencia grupos armados, entre ellos los Comandos de Frontera de las disidencias de las Farc.
“El crecimiento vertiginoso de ambos grupos les ha llevado a apropiarse, en términos prácticos, del control de la ilegalidad en todo el municipio, y en detrimento del tejido social, de la autonomía de pueblos y comunidades étnicas, que han visto disminuida su capacidad para restringir la avanzada de estos actores en sus territorios”, dijo la Defensoría, reconociendo la falta de presencia del Estado en esa zona del país.
De parte del Ejército, los informes de inteligencia revelan que el operativo tenía el objetivo de capturar a Carlos Loaiza Quiñones, alias Bruno, quien se mueve como pez en el agua en esa región y está encargado de comercializar la pasta de base de coca para ese grupo al marguen de la ley.
Según inteligencia militar hay imágenes de la entrada y salida de alias Bruno de la vereda de Alto Remanso desde noviembre del año pasado.
Otro de los organismos interesados en que se conozca con veracidad lo ocurrido a finales de marzo en esa vereda del Putumayo ha sido la ONU, que pidió investigar a profundidad qué ocurrió allí.
Carlos Ruiz Massieu, jefe de la misión de la ONU en Colombia, recalcó que también hay preocupación por el aumento de la violencia en algunos territorios del país. Massieu pidió realizar “una profunda investigación de las autoridades en la muerte de once personas incluyendo indígenas y líderes comunales en el contexto de una operación contra miembros de un grupo armado ilegal en Puerto Leguízamo”.
La operación desató toda una polémica en el país luego de que algunas versiones apuntaran a que el Ejército habría asesinado sin discriminación a inocentes civiles en medio de esa operación; sin embargo, la fuerza pública ha dicho que se trató de un ataque a una estructura armada de las disidencias de las Farc que opera en este territorio y que su objetivo era combatir a alias Bruno.