El procurador general, Fernando Carrillo, le indicó al presidente Iván Duque a través de una carta que el asesinato de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, “ya se empieza a considerar como una situación sistemática en Colombia”. Según la Procuraduría, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020 fueron reportados 47 homicidios, lo que ubica al país “como uno de los territorios más peligrosos para conservar el ambiente”.
Por lo tanto, el jefe del Ministerio Público le solicitó en la misiva a Duque ratificar el Acuerdo Regional de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, y presentar el proyecto de ley aprobatoria al Congreso de la República el próximo 20 julio. El procurador general enfatizó que el trámite en el legislativo y posterior control de la Corte Constitucional, propiciará la entrada en vigor de este instrumento, como respuesta al grave riesgo en el que se encuentran los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
De acuerdo con Carrillo, “esta es una oportunidad invaluable” para el Gobierno nacional de “desatar los últimos escaños” requeridos para la puesta en marcha del Acuerdo Regional de Escazú ante el Congreso de la República, y con ello “garantizar el cumplimiento de las condiciones habilitantes para salvaguardar no solo ecosistemas, sino la vida de hombres y mujeres, comunidades étnicas y servidores públicos que trabajan por defender el ambiente”.
Finalmente, el funcionario recordó que en diciembre de 2019 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció la suscripción del acuerdo. Intención que había sido acompañada y solicitada por la Procuraduría General desde agosto del mismo año, como un llamado para que se garantice un entorno seguro y propicio a las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.