La reforma a la salud, que busca transferir gran parte de las responsabilidades que actualmente recaen en las EPS a los entes territoriales, ha generado preocupación en la Procuraduría General de la Nación.
Por eso, la procuradora Margarita Cabello alertó sobre las “graves afectaciones” que esto podría causar en los entes territoriales, los cuales tendrían que asumir la gestión del riesgo en salud en sus jurisdicciones, además de coordinar la gestión de todos los actores y enfrentarse a las múltiples acciones de tutela.
La funcionaria cuestionó si realmente los entes territoriales están capacitados para responder por el sistema de salud e hizo “un llamado a la prudencia” en la toma de decisiones.
“Alcaldías y gobernaciones asumirían toda la gestión del riesgo en salud en sus territorios y terminarían siendo los responsables de la atención primaria lo que conlleva, además de coordinar la gestión de todos los actores, a asumir el riesgo colectivo, enfrentarse a las múltiples acciones de tutela y a las dificultades que impone asumir estas competencias con recursos centralizados”, advirtió Cabello.
Además, la procuradora resaltó que el modelo de salud actual ha logrado una cobertura cercana al 99 % después de más de 30 años de desarrollo y ha instado a identificar las capacidades reales del Estado para hacerles frente a los desafíos que implica la implementación de esta reforma.
Sobre el desabastecimiento de medicamentos
La procuradora anunció que el ente de control está listo para abrir las investigaciones disciplinarias correspondientes por el creciente desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos en el país.
“Desde al año pasado venimos anunciando la escasez de más de 1.200 principios activos indispensables para el tratamiento de pacientes que padecen enfermedades crónicas”, manifestó Cabello.
Desde mediados de 2022, la Procuraduría ha advertido sobre esta situación, oficiando al Ministerio de Salud y al Invima para que se adopten medidas inmediatas que garanticen ese interrumpido suministro de medicamentos esenciales. No obstante, “la falta de resultados y de respuestas contundentes obligó a la procuradora a activar la función disciplinaria”.
Por este tema, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes llevó a cabo un debate de control político al Invima debido a la situación de escasez de medicamentos que se ha presentado en los últimos meses, cuyos reportes se habrían duplicado en el último año.
“El reporte de medicamentos agotados por más de 30 días aumenta de forma constante mes a mes. En enero del 2022 el reporte era de 514 (casos) y en febrero del 2023 este se duplica y vamos en 1.066 (casos)″, sostuvo el representante a la Cámara del Partido de la U, Víctor Manuel Salcedo.
Durante la discusión, la gestión del Invima recibió fuertes críticas por parte de congresistas y miembros del sector farmacéutico. “Las cifras son escandalosas y crecientes y a la problemática hoy no le vemos una solución”, añadió Salcedo.
El congresista, quien fue uno de los citantes, sostuvo que el Invima ha mostrado un “incumplimiento” entre la cantidad de las unidades solicitadas y las unidades entregadas. Según Salcedo, hay casos en los que el cumplimiento de los envíos solo llega al 1 %.
“El represamiento en trámites al interior del Invima repercute de forma negativa en el derecho fundamental a la salud”, añadió Salcedo y advirtió que la cantidad de procesos acumulados suma alrededor de 21.000 casos.
Así mismo, advirtió que la vigilancia sobre los fármacos y la forma en la que se comercializan es “mínima”, lo cual repercute en la capacidad que tiene el sistema de salud para reaccionar a tiempo a las circunstancias de escasez o desabastecimiento de medicamentos en territorio nacional.
Salcedo dijo que, según las cifras que él y su equipo han recogido, hay múltiples atrasos en distintos procesos que están a cargo del Invima.