El 1 de abril, el Consejo Directivo del Fomag, integrado por los ministerios de Educación, Trabajo y Hacienda, junto con Fecode y la Fiduprevisora, firmó un convenio para comenzar la transición a un nuevo modelo de atención médica que beneficiará a 818.960 afiliados al sistema de salud del magisterio en Colombia.
Después de varias reuniones técnicas encabezadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, se decidió establecer una Red Nacional de Servicios de Salud con 32 coordinaciones departamentales y varios nodos regionales, para asegurar que los maestros tengan acceso a servicios de salud integrales en todo el país.
Según explicó el Ministerio de Educación, esta transición comenzaría en abril y se desarrollaría de manera gradual para asegurar la continuidad en la prestación de servicios de salud.
Así las cosas, este viernes, 26 de abril, la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, lanzó una alerta sobre ese nuevo modelo de atención en salud que afectará a cerca de un millón de maestros.
“La salud de aproximadamente un millón de maestros está en riesgo a partir del primero de mayo, por el cambio del modelo de atención propuesto por el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)”, dijo la funcionaria.
En ese sentido, explicó que la Procuraduría General de la Nación evidencia una enorme improvisación para la puesta en marcha de este nuevo modelo.
“Por ejemplo, hoy, la Fiduprevisora maneja la atención en salud de los maestros con 10 contratos. A partir del nuevo modelo pasará a suscribir más de 8.000 de manera directa, sin pluralidad de oferentes, y con sobrecostos que se podían calificar como inconvenientes y peligrosos para la garantía del derecho fundamental a la salud”, explicó
Por lo anterior, cuestionó: “¿Cómo van a garantizar los servicios, si aún no hay contratos con prestadores a menos de tres días de iniciar el nuevo sistema? Y también, ¿por qué implementar un nuevo modelo que resulta más costoso de acuerdo con lo que hemos visto? O me preguntaría: ¿podrán los usuarios reclamar a la Fiduprevisora por el servicio, cuando su naturaleza jurídica es de una entidad financiera que no es vigilada por la Supersalud?”.
Por ello reiteró: “Nosotros como Procuraduría, ante este escenario, alertamos por el riesgo que este nuevo sistema representa para la salud de los maestros del país y para sus beneficiarios. De todas maneras, como siempre, procederemos con las acciones inmediatas a que haya lugar”.
Vale la pena recordar que la incertidumbre sobre la continuidad de la atención en salud para los profesores tras el 30 de abril se intensifica con una nueva demanda interpuesta ante el Consejo de Estado.
Dicha demanda, presentada por el abogado constitucionalista Germán Calderón España, solicita la anulación del acuerdo firmado el pasado 1 de abril. Calderón argumenta que el acuerdo modifica el sistema, modelo o régimen de salud del magisterio, y que cualquier cambio en este ámbito debe pasar por el Congreso de la República.
Según explica la demanda, la Ley 91 de 1989 y los estatutos de Fecode establecen que cualquier decisión sobre cambios en el sistema o régimen de salud del magisterio debe contar con el respaldo de la base docente y, posteriormente, ser aprobada por el Legislativo.
Calderón también señala que actualmente se está llevando a cabo el proceso de selección de los contratistas que brindarán los servicios de salud, pero enfrenta varias complicaciones que impiden que la adjudicación se realice antes del 30 de abril de 2024, fecha en que finaliza el actual contrato. Por ello, indica que será necesario extender el contrato al menos hasta diciembre de 2024.