Preocupante, ese es el panorama que mostró la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, al revelar las cifras de casos de trata de personas que llegaron a 264 en 2023, representando las más altas de los últimos 15 años además de su llamado ante el aumento también de los relacionados con violencias basadas en género.
La procuradora expuso que frente al flagelo de la trata de personas, las víctimas son llevadas principalmente a México y Europa y en las que se registraron dos casos de menores de 11 años de edad, según el Observatorio del delito de Trata del Ministerio del Interior.
Durante su participación en el “Congreso Internacional de Derechos Humanos, Género y Enfoque Diferencial” en Barranquilla, Cabello también se refirió a otras formas de violencia, como el acoso laboral y sexual, que apremian la acción conjunta de las instituciones para desincentivar “la demanda de explotación sexual, laboral, de la mendicidad ajena, entre otras, y lograr que las víctimas denuncien y confíen en la institucionalidad”.
“Hay una violencia de carácter institucional generada por el propio Estado y sus servidores y servidoras, por no adoptar medidas de protección frente a las agresiones basadas en género, y ese no actuar no va a servir más que para perpetuar la indiferencia y para perpetuar la impunidad”, dijo la procuradora.
Aunque Cabello señaló que se han conseguido avances significativos en la promoción y protección de los derechos humanos, la desigualdad y la discriminación persisten, al impactar desproporcionadamente a diversos grupos en condición de vulnerabilidad como las mujeres, las personas LGTBIQ+, las comunidades indígenas, y otros colectivos marginalizados, según indicó un comunicado.
“Hoy es imperativo desde esta tribuna hacerle un nuevo requerimiento a la institucionalidad, un nuevo requerimiento a la sociedad civil a unir esfuerzos en la coordinación de la respuesta multidimensional de este flagelo”, afirmó.
También pidió que se debe identificar las conductas y las concepciones que pueden estar promoviendo la desigualdad y la discriminación de forma pasiva y muchas veces de forma inconsciente.
“De nada sirven las políticas públicas y los programas que se implementen desde la institucionalidad, si no estamos dispuestos todos los días a cuestionar nuestro pensamiento y a analizar de dónde provienen para, así, poder empezar a entender la lógica que ha impuesto un sistema patriarcal y comenzar a implementar pequeños cambios en nuestro quehacer diario para poder erradicarla”, recalcó Cabello.
En el congreso también estuvo presente la fiscal encargada, Martha Mancera, quien se refirió al tema y resaltó “la necesidad de articular las capacidades del Estado para conocer la condición de cada víctima y abordar los casos de manera diferencial para entender el nivel de afectación”.
“La Fiscalía General de la Nación no puede hacer su trabajo si no hay una armonización del Estado para empoderar y proteger a las mujeres, a las niñas, a los trans, a los indígenas, a las mujeres afro; y que exista una política que permita armonizar la prevención con la judicialización”, resaltó Mancera.
La fiscal manifestó que se han puesto en marcha estrategias para lograr la judicialización de los responsables de las diferentes conductas delictivas que más afectan a estos grupos sociales, como la violencia intrafamiliar.
“Quisiéramos que, en esa política de prevención y protección de las mujeres, tuviéramos jueces especializados para atender los casos de la violencia intrafamiliar, (…) o de afectación a la libertad sexual porque, cuando uno garantiza el servicio de acceso a la justicia, no es solamente llevar el escrito de acusación al juez, es que el juez pueda rápidamente resolverlo y dar la sanción que corresponda (…)”, agregó.