Tras la caótica jornada de marchas de este jueves, 8 de febrero, SEMANA conoció que la procuradora general, Margarita Cabello, reiteró su llamado al general William Salamanca, director de la Policía Nacional, para que intervenga con la fuerza pública y garantice la integridad de los magistrados y funcionarios de la Rama Judicial.

Cabello se refirió a los hechos ocurridos ayer, cuando un grupo de manifestantes sitió y retuvo durante varias horas, y en contra de su voluntad, a varios funcionarios judiciales en el Palacio de Justicia, luego de que la Corte Suprema confirmara que ninguna de las ternadas para fiscal general alcanzó los 16 votos requeridos para ser nombrada en propiedad.

“Nosotros somos el órgano encargado de vigilar la omisión o la acción de las autoridades públicas y, dentro de esas, la del general y de toda la Policía”, afirmó la jefe del Ministerio Público.

Asimismo, Cabello señaló: “Hay que garantizar la protesta, que es válida en un país democrático como Colombia, pero una protesta pacífica. Cuando se sale de sus cauces, hay que actuar inmediatamente”.

De igual forma, la procuradora general hizo un llamado a la calma y a la cordura, y pidió a los ciudadanos que protesten de manera pacífica y sin afectar los derechos de los demás. Precisamente, la jefe del Ministerio Público calificó como “secuestro” el hecho de que los manifestantes sitiaran a los magistrados de la Corte Suprema.

“Debo decir, entre comillas, [que fue] una especie de secuestro temporal de los magistrados de la Corte Suprema y, lógicamente, como Procuraduría General de la Nación, encargada de la vigilancia del cumplimiento de sus funciones de los servidores públicos, manifestamos que era importante que las autoridades, la Policía en este caso, garantizaran no solo la seguridad de los magistrados, que estuvieron durante casi cuatro o cinco horas encerrados sin poder salir, sino también la garantía de la institucionalidad”, recalcó Cabello.

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) fue la que convocó a una “gran movilización” el jueves. La motivación detrás de esta convocatoria se relacionó con las investigaciones por parte de la Fiscalía y la presión a la Corte Suprema.

Aunque la manifestación fue liderada por Fecode, fuentes le confirmaron a SEMANA que el Gobierno Petro estuvo promoviendo la participación de sus funcionarios en las marchas. Aunque se enfatizó que la asistencia era “voluntaria”, se organizó la logística para aquellos que desearan unirse a la manifestación.

Marchas en Bogotá, 8 de febrero: en el lugar se izaron banderas de Colombia y del M-19, movimiento al que perteneció Gustavo Petro. | Foto: SEMANA

General William Salamanca logró entrar a la Corte Suprema de Justicia

En medio del caos de este 8 de febrero, el director de la Policía Nacional, general William Salamanca, atendió una llamada. Era el magistrado Gerson Chaverra, presidente de la Corte Constitucional. Lo advertía de alteraciones de orden público en la sede la corporación en Bogotá. El oficial se dirigió al centro de Bogotá, sede del alto tribunal, y buscó la manera de ingresar a las instalaciones sin que los manifestantes lo notaran, esto con el ánimo de no provocarlos ni alterar aún más los ánimos.

El general intentó ingresar por una zona del Congreso con tal de entrar a las oficinas de manera sigilosa. Finalmente, accedió a la Corte Suprema de Justicia mediante una zona que está en obra, en construcción, ubicada en inmediaciones del Palacio de Justicia. Salamanca se dirigió al cuarto piso y habló allí con el magistrado Chaverra.

Ambos estuvieron de acuerdo con que tocaba mantener la calma ante la situación de personas protestando frente a la Corte Suprema y algunos de ellos pateando las puertas del parqueadero con el ánimo de dañarlas y tal vez entrar a la edificación. Según se conoció, al encuentro se sumó Carlos Ramón González Merchán, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, y posteriormente se atendió la orden del presidente Gustavo Petro de llamar a efectivos de la institución para desbloquear el acceso al alto tribunal y permitir la salida de funcionarios y demás personas que allí estaban.

Posterior a ello, la Corte Suprema de Justicia denunció un “bloqueo violento e ilegal” a su sede principal por parte de cientos de manifestantes que respondieron al llamado del presidente Gustavo Petro, para exigirle al tribunal que elija un nuevo fiscal general de una terna propuesta por el mandatario.

“La Corte Suprema de Justicia rechaza enfáticamente el asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia de la capital de república (...). Es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces”, dijo el presidente del alto tribunal, Gerson Chaverra, quien fue evacuado junto con los otros 22 magistrados el jueves al final de la tarde, en medio de un fuerte operativo de seguridad.

Sindicalistas, estudiantes e indígenas respondieron a la convocatoria de Petro para manifestarse en las principales ciudades del país, mientras los magistrados sostenían una reunión en Bogotá para elegir al sucesor del saliente fiscal, Francisco Barbosa, a quien Petro acusa de querer derrocarlo. Los manifestantes rodearon la principal sede judicial del país y bloquearon el acceso al edificio donde se encontraban los jueces. Al final de la tarde, policías antidisturbios dispersaron con gases lacrimógenos a la multitud. Algunos respondieron lanzando piedras a la fuerza pública, que retomó el control de la zona.

Los magistrados fueron evacuados en vehículos escoltados por policías sobre las 5:00 p. m. “Son mis órdenes, garantizar la libre movilidad y nadie la obstaculiza en este momento”, reaccionó Petro en la red social X.

Diferentes organizaciones gremiales y sindicales se reunieron frente al búnker de la Fiscalía para exigir la elección de la fiscal y en apoyo al gobierno de Gustavo Petro. | Foto: Colprensa - Lina Gasca

Ninguna de las candidatas consiguió este jueves los 16 votos necesarios para asumir el cargo. Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo son las ternadas. Así las cosas, la Fiscalía quedará de manera temporal a cargo de la vicefiscal general Martha Mancera.

Para la Corte, las manifestaciones afectaron “gravemente el derecho a la libertad de locomoción” y pusieron “en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes” del Palacio de Justicia. Las marchas fueron pacíficas durante la mañana, pero la situación escaló al mediodía, cuando el presidente del alto tribunal anunció que ninguna de las candidatas consiguió los 16 votos necesarios para asumir el cargo.