El informe presentado el pasado martes por Andrés Indárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, ha generado una oleada de críticas. Desde el Ministro del Interior, pasando por varios congresistas y otros funcionarios, han calificado las acusaciones de irrespetuosos y sin evidencia.
“Hemos venido indagando a propósito de la contratación pública, pensando la relación entre las candidaturas, la política y las campañas, evitando a toda costa que los recursos públicos lleguen a las campañas políticas. En ese indagar encontramos 553 candidatos a alcaldías y consejos municipales que podrían estar en cursos en inhabilidad por haber contratado en el último año”, sostuvo Idárraga.
Justamente por dar esas declaraciones, que incluso no son funciones particulares del Secretario para la Transparencia de la Presidencia, este miércoles, la procuradora General, Margarita Cabello Blanco, le hizo un fuerte llamado de atención al funcionario para que tenga en cuenta las funciones que desempeña y las acciones que debe tomar en concordancia con lo que dice la ley y la Constitución.
“Recordémosle a cada entidad sus competencias, cada cual debe asumir y tener claras cuáles son sus competencias (...) El Secretario de Transparencia es un funcionario público que tiene que respetar con mucho cuidado todas las actuaciones y manifestaciones que hace hacía el público que ejerce una función de secretario técnico de la comisión de moralidad”, recordó la Procuradora.
“Es un funcionario público que tiene que respetar las acusaciones que hace en contra de las personas”, precisó la Procuradora General. “Estamos evaluando en virtud de algunas informaciones que nos han presentado la situación de su manifestación para analizar si hubo o injerencia en participación política”, manifestó.
En este sentido la jefe del organismo de control disciplinario insistió en que el Secretario de Transparencia, según señalan claramente sus funciones, es el encargado de dar recomendaciones sobre seguridad a los entes del Gobierno, al presidente de la República, al Jefe de Gabinete.
“Reitero mi llamado a todas los servidores públicos de que por favor se cuiden mucho de lo que dicen cuando estén hablando en público, para evitar que tengan una injerencia en participación política y nos toque a nosotros hacer las aperturas correspondientes ”, aclaró Cabello Blanco al analizar la situación. “Hay que ser muy cuidadoso en estos temas”.
El informe presentado por el Secretario de Transparencia, en el que se señaló que cerca de 500 candidatos están “emproblemados” para las elecciones regionales que se celebrarán el próximo 27 de octubre, generó fuertes críticas por parte del mismo ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y los representantes del Partido Conservador y el Centro Democrático.
“Desde el Partido Conservador pedimos al Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, una rectificación inmediata de la acusación temeraria que realizó sobre nuestro candidato a la alcaldía de Melgar Rodrigo Hernández”, solicitaron desde la colectividad.
A través de una carta, el presidente del Partido Conservador, el senador Efraín Cepeda, pidió una rectificación de la información brindada por el alto funcionario del Gobierno en las últimas horas en un informe que presentó y en el que mencionó a Hernández.
“En aras de propiciar unas elecciones libres y transparentes, considero importante que su despacho actúe conforme a lo que dispone la ley, y en ese sentido, tenga en cuenta el documento de renuncia que nuestro candidato presentó de manera oportuna el día 28 de junio de 2022 al cargo de gerente de Empumelgar y que fue recibida con el radicado número 001525 de la misma fecha, razón por la cual no suscribió contratos después de dicha renuncia”, reclamó Cepeda.
El senador y presidente de la colectividad aseguró que se trata de una “acusación temeraria” y que redunda de forma negativa en la percepción de la opinión pública sobre su candidato. “No puede ser la dirección que usted lidera, la que promueva acusaciones infundadas como el que se evidencia en este caso, aun cuando esta facultad reposa de manera exclusiva en cabeza del Consejo Nacional Electoral, razón por la cual solicito formalmente a su despacho a que se rectifique de manera inmediata la acusación”, señaló el senador conservador.
El congresista pidió que se siga trabajando para fortalecer las políticas públicas para generar dinámicas de transparencia y un gobierno abierto al país.
Otra de las que criticó el informe fue la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde. La congresista le pidió al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, pronunciarse sobre este informe. “Es imprescindible que el Gobierno, en cabeza del ministro del Interior, aclare las facultades de policía política que está ejerciendo contra todos. Yo le pido al ministro que nos diga por qué están ejerciendo de policía política, persiguiendo a la Alianza Verde, al partido Conservador, al Liberal y a Cambio Radical. Porque están señalando desde la Presidencia de la República de constreñimiento al elector”, aseguró Lozano.
Por su parte, Velasco respondió desde la plenaria del Senado rechazando este informe. Dijo que lo presentado por su colega “no es pertinente ni prudente”. Según explicó el jefe de la cartera del Interior, desde el Congreso, cualquier ciudadano puede tener una “opinión” sobre quién está o no habilitado, pero deberán ser los organismos competentes quienes lo determinen.
“Pero quienes ostentamos cargos de tan alta dignidad tenemos que entender que si nuestra opinión va contra los intereses, no de uno, no de cien, sino de más de 500 candidatos, el camino más expedito, más lógico que debemos actuar o transitar es el de llevar esa opinión respetuosamente ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que sea el CNE quien tiene que decirnos quién está habilitado o quien está inhabilitado”, reconoció Velasco.
Por su parte, desde el Centro Democrático también se mostraron en contra del informe presentado por Idárraga. Lo calificaron de “inexacto y tendencioso”. Igualmente, cuestionaron que sea expuesto a pocos días de las elecciones regionales.
“Sorprende que a 13 días de las elecciones, dicha entidad del Gobierno nacional publique este informe que, entre otras cosas, desborda su competencia de acuerdo con la Constitución y la Ley, por cuanto las únicas entidades encargadas de determinar si un ciudadano se encuentra inhabilitado para aspirar a un cargo de elección popular son el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría General de la Nación y los jueces de la República”, aseguraron desde la colectividad de oposición.