“La impunidad genera temor e incertidumbre, y eso es lo que he oído al recorrer las regiones de Colombia”. De esta forma, la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, puso de presente su preocupación frente a la situación de seguridad en varias regiones del país.
En medio de la Cumbre de Seguridad Nacional por los Territorios, convocada por la Federación Nacional de Departamentos (FND), la jefa del Ministerio Público aseguró que esta situación es bastante compleja y pone en grave riesgo a la comunidad que no sabe a quién acudir para sentirse protegidos.
“¿Qué está pasando con la seguridad en el país?”, le preguntó la procuradora general a los representantes del Gobierno que se encontraban en la sala. “El enemigo no está en las autoridades ni entidades del Estado. No lo busquen por ahí que no está, no perdamos el tiempo en eso. Estamos en un momento del país donde todos debemos unirnos para lograr acabar con el verdadero enemigo violento que está en otro lado y entregarla tranquilidad a la población”.
En este sentido, rechazó los ataques que ha recibido el Ministerio Público por su posición frente a diferentes proyectos del Gobierno, entre estos, la ‘paz total’, puesto que como ente de control tienen la misión constitucional de sentar una posición para proteger a la comunidad. “La razón de ser de la Procuraduría es la gente y por ellos estamos trabajando para que se respeten la Constitución y las leyes, aun cuando nos digan que tenemos sesgos”.
La falta de una estrategia clara por parte del Gobierno para controlar el orden público y proteger a las comunidades en las regiones más alejadas, que históricamente han sentido el flagelo del conflicto armado, pone en riesgo la integridad de los pobladores. El riesgo aumenta frente a las elecciones que se disputarán en octubre.
“La minería ilegal y el narcotráfico son la gasolina de la criminalidad y si no se coloca el Estado dentro de esas regiones, no podemos ni vamos a poder hablar de seguridad. ¿Y el Estado dónde está?”, se preguntó Cabello Blanco durante su intervención en el foro que también contó con la participación del fiscal general, Francisco Barbosa; el director de la Policía, William Salamanca, y el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
La procuradora general advirtió que en materia de los cultivos ilícitos uno de los más recientes informes de los delegados del Ministerio Público “no sería extraño llegar al punto de que estemos en 300 mil hectáreas, a final de año, de cultivos ilícitos”.
Frente a esta situación, a primera hora, el fiscal general también puso de presente el aumento en la percepción de seguridad en varias regiones. “Hemos venido escuchando una repetición permanente sobre las preocupaciones que existen en temas de seguridad nacional, de seguridad en los territorios”.
El jefe del ente investigador aseguró que su trabajo en los territorios se ha visto truncado por los recientes debates que se han presentado sobre la institucionalidad. “Yo creo que son completamente desgastantes para la administración, para la Fiscalía; sería muy importante que nos dedicáramos a hacer lo que nos toca, que nos dedicáramos a hablar bien de la institucionalidad del país para construirla, que no es sobre la base de la idea de la crítica permanente que podemos construir un país”.
En su intervención cuestionó la propuesta del Gobierno de otorgarle la libertad y hasta un salario a los integrantes de bandas criminales y grupos guerrilleros, así como narcotraficantes que se sometan a la ‘paz total’. “Este país no está constituido por 50 millones de mafiosos, sino de personas que han hecho las cosas bien en los últimos 200 años”.
“Empezamos a pensar que hay que sacar gente de las cárceles del país. ¿Cómo se pueden sentir esos colombianos cuando dicen que a esas bandas criminales, contra las que hemos luchado, se les quiere dar un salario básico, cuando millones de colombianos que hacen las cosas bien requieren de una mano para esas rentas?”.