La procuradora Margarita Cabello Blanco, en un concepto remitido a la Corte Constitucional, pidió ampliar en siete meses el periodo de vigencia de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), a fin de garantizar el derecho a la verdad y a la no repetición de las víctimas del conflicto armado en Colombia.
El argumento de la procuradora Cabello es que “las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia ocasionada por la covid-19 impidieron el cumplimiento de los tiempos fijados para la ejecución de la misión constitucional de la CEV en las regiones. En especial, aquellas donde ha existido pobreza, desigualdad, ausencia de las autoridades, carencia de los servicios de salud y precarias condiciones sanitarias, las cuales, desafortunadamente, coinciden con las zonas más afectadas por el conflicto armado”.
A juicio de la procuradora, “las garantías de verdad y no repetición de las víctimas no son aspectos de libre ejecución por parte del legislador, sino mandatos que son parte integral del ordenamiento superior, que se ven reforzados por el deber de cumplir, de buena fe, con lo pactado en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.
En su intervención este miércoles indicó que “(…) no hay duda de que el Constituyente le ordenó a la Corte Constitucional revisar de manera oficiosa la normatividad que se expidiera con ocasión de la finalización del conflicto, con el fin de que sus efectos fueran acordes con los derechos de las víctimas”.
Para la procuradora Margarita Cabello Blanco, el Alto Tribunal deberá tener en cuenta en su decisión que la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, de manera razonable y en ejercicio de su autonomía, estimó que requiere siete meses adicionales para cumplir con sus funciones, por lo que le solicitó a la Corte declarar la constitucionalidad para habilitar la continuidad de la Comisión por el tiempo requerido.
Finalmente, Cabello le pidió a la Corte Constitucional dar prelación al trámite de la demanda de inconstitucionalidad, pues ante la finalización del periodo de funcionamiento de la CEV en noviembre próximo, “es imperioso un pronunciamiento sobre las normas acusadas para evitar la afectación de los derechos de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos, así como dada la trascendencia social del informe final que deberá rendir la entidad”.