Las declaraciones del presidente Gustavo Petro, frente a la liberación de los integrantes de la primera línea, generaron un nuevo debate jurídico en el país. El jefe de Estado aseguró que los intentos promovidos por el Gobierno fracasaron por la posición de la Fiscalía y la Procuraduría General.
“Siguen en la cárcel, a pesar de que nosotros intentamos una salida que fracasó por la misma Fiscalía y la Procuraduría. ‘Bueno, y los vamos a dejar en la cárcel’, eso es un mensaje de la oligarquía colombiana, es: jóvenes, ustedes no se muevan, no protesten, porque miren lo que les va a pasar, y los coloca como un trofeo; miren, tenemos 300 jóvenes presos”, aseguró.
Frente a esto, la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, le respondió al presidente Petro asegurando que este tipo de declaraciones ponen en riesgo la labor que realizan los funcionarios en todo el país. Situación que se agrava si se tiene en cuenta que estamos en época electoral.
La procuradora Cabello fue radical al explicarle al presidente Petro el funcionamiento de la justicia, pues los funcionarios de la entidad no son los encargados de definir estas libertades, sino los jueces. “Nosotros intervenimos en los procesos penales bajo los parámetros que plantea la Constitución y la ley, y la decisión sobre la libertad de una persona, única y exclusivamente la tienen los jueces de la República y en este caso los jueces de control de garantías”, dejó claro la alta funcionaria.
“Manifestar, por ejemplo, que la Procuraduría y la Fiscalía son responsables de que la primera línea no esté libre es una afectación grave para nuestro Ministerio Público, nuestros interventores, nuestros delegados que intervienen en los procesos penales”, aseveró.
Le recordó al jefe de Estado que los procuradores “actúan” solamente bajo la Constitución y la ley, señalando que la última palabra frente a las solicitudes de libertad, en Colombia, solamente las resuelven los jueces. “Nuestros agentes son los mismos que van a actuar dentro del proceso electoral, y esas manifestaciones pueden incidir o afectar el buen funcionamiento, incluso la seguridad de nuestros agentes del Ministerio Público en todo el país (...). Entonces, lo mejor es ser muy cuidadoso, los agentes de este proceso en las manifestaciones que hagamos en la posibilidad de incidencia”.
Por su parte, en la noche del pasado domingo, el fiscal general, Francisco Barbosa, le recordó al jefe de Estado que debe respetar la independencia de poderes. “Él no hace parte de la Rama Judicial. Cómo hacemos para explicarle que, primero, no es mi jefe y, segundo, él no es la Fiscalía ni los jueces”.
Barbosa indicó que fueron los jueces de la República, de manera autónoma, los que tomaron las decisiones de negar la solicitud de libertad al considerar que no cumplían con los requerimientos. La Fiscalía no tiene nada que ver con la liberación de los llamados jóvenes de la primera línea. Es ante jueces de la República que se presenta la solicitud y los jueces de la República, cuando llegan ante un juez de control de garantías, miran su código y verifican si hay alguna condición o alguna razón para poder ordenar la libertad de esas personas, si no la encuentran niegan la salida y la libertad”.
“Esas personas fueron capturadas por delitos entre los cuales se encuentran homicidios, se encuentran lesiones personales agravadas, destrucción de bien público... Se adelantaron los procesos en el marco del debido proceso, ¿o a ustedes les parece que alias 19 era una persona que debía salir de la cárcel después de lo que ocurrió en Bogotá? No. Yo pido un poco de cordura de nuevo, porque es que volvemos otra vez a decir ‘no es culpa mía, es culpa de los otros’, ‘yo no fui el responsable, fue otro’, No, discúlpeme, es que el presidente de la República no tiene facultad ni legal ni constitucional de indultar a colombianos para sacar a gente de la cárcel”.
El fiscal Barbosa recordó que cuando ganó las elecciones, uno de los primeros mensajes de Petro fue para la Fiscalía General, solicitándole que liberara a los presos. Frente a esto, le señaló inmediatamente que el organismo no tiene esas funciones, por lo que, si así lo quería, primero debía ir al Congreso para que cambiara la ley.
“Por supuesto que rechazo la expresión de que nosotros somos responsables por la no liberación de los miembros de la primera línea, los responsables de que estén presos son los de la primera línea, o los grupos de personas que están allá porque cometieron delitos”, advirtió el fiscal general.