La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava Sánchez, así como al exdirector de esa entidad, Eduardo José González (2018-2022), por un presunto incumplimiento de sus funciones en la prevención y atención de la emergencia ocasionada por las inundaciones en La Mojana, ocurridas el 27 de agosto de 2021.
El Ministerio Público también está investigando una posible omisión en la atención de la emergencia, lo que afectó a las poblaciones que forman parte de esa subregión, integrada por once municipios de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre. Es importante destacar que estas poblaciones ya han sido afectadas en años anteriores por inundaciones y otros desastres naturales.
Por ese mismo hecho, también se inició investigación contra el exsubdirector para el Manejo de Desastres, Ariel Zambrano Meza.
Entre otras pruebas, la Procuraduría solicitó informes detallados a las autoridades departamentales y municipales sobre las acciones realizadas para atender a la población afectada, así como el estado en que se encuentran las obras y actividades desplegadas después de la inundación.
También requirió información a la UNGRD sobre las actividades relacionadas con el proceso de adecuación hidráulica, que incluyen las labores de dragado del río Cauca y del canal de la Esperanza, así como la conformación de barreras de protección, retención de sedimentos y reconstrucción de diques y jarillones.
Además, la Procuraduría decidió investigar la conducta de Pava Sánchez en su condición de director de la UNGRD, así como cuando se desempeñó como gerente encargado del Fondo de Adaptación, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Defensoría sobre situación en La Mojana
Por otra parte, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, anunció su apoyo a los esfuerzos de los gobernadores de Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia en la búsqueda de soluciones para los pobladores de La Mojana, quienes “están hastiados de tanta burla frente a la falta de soluciones que se necesitan para el restablecimiento de sus derechos”
En los próximos días, la Defensoría del Pueblo instaurará una acción constitucional para lograr la protección y restablecimiento de los derechos humanos de estas comunidades.
Desde el municipio de Ayapel, el defensor del pueblo dijo que en el territorio se ha podido evidenciar “que persisten las afectaciones en materia de salud pública; en materia de deserción escolar, porque debido a las graves afectaciones generadas por las inundaciones, a los niños les ha tocado emigrar de sus territorios; también hay una inactividad en la producción de los campesinos de esta región, que no han podido sembrar sus cosechas ni ganarse el sustento para la manutención de su familia, de manera que la preocupación es que persiste un problema de grandes proporciones”.
La Defensoría del Pueblo reiteró su llamado a la UNGRD y otras entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) para que se protejan y defiendan los derechos humanos de las comunidades de La Mojana y se implementen los planes de acción para atender la emergencia causada por la ruptura del dique conocido como ‘Caregato’ desde agosto de 2021.
Aunque la UNGRD anunció un cambio en la estrategia de atención de la emergencia en la región de La Mojana, Carlos Camargo, reiteró el llamado a su director para que se adelanten las obras de infraestructura de protección frente a las inundaciones y, en consecuencia, mejorar la calidad de vida y el bienestar social de los habitantes de La Mojana, quienes han visto afectados sus bienes, medios de subsistencia, salud, vivienda digna, prestación de servicios públicos, infraestructura, transporte, comunicaciones y saneamiento básico, entre otros.