A través de un proceso de investigación disciplinaria, la Procuraduría intenta comprobar si existió o no un conflicto de intereses en un decreto firmado por el alcalde Enrique Peñalosa que habría beneficiado a donantes de su campaña y promotores del proyecto Proscenio. La indagación que realiza el ente de control se conoce luego de la columna del periodista Daniel Coronell, quien en su escrito aseguró que por medio de un decreto firmado por Peñalosa, se valorizó en más de 200 millones de dólares un proyecto en el que están vinculados aportantes de su campaña. Proscenio, el negocio en cuestión, es un proyecto urbano en la localidad de Chapinero, promovido por las empresas constructoras Amarilo SAS y Arpro, perteneciente al Grupo Neme. Puede leer: Lo que Peñalosa no quiere explicar De acuerdo con documentos del Consejo Nacional Electoral, presentados por Coronell, las sociedades Amarilo, Arpro y Chaid Neme Hermanos S.A., fueron aportantes de la campaña de Enrique Peñalosa a la alcaldía. En ese sentido, el eje de la discusión se basa en la supuesta omisión de un conflicto de interés, pues Peñalosa no se declaró impedido conociendo las circunstancias del caso. Según Coronell, las decisiones del alcalde, aumentaron el valor esperado de ventas del proyecto en más de 677.000 millones de pesos.
Sin embargo, desde Proscenio aseguran que aunque es cierto que el proyecto tiene unas ventas mayores, que se explicarían por el efecto normal del crecimiento de los precios de venta, esto no implica que el proyecto sea más rentable. Según Proscenio, aunque en el plan parcial de 2010 la utilidad resultante era de 17,37% sobre el valor de las ventas, en la modificación de 2018 esa utilidad resultante se redujo a 11% del valor de las ventas.
Por su parte, la secretaria jurídica distrital, Dalila Astrid Hernández, afirmó que el mismo Peñalosa pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría un pronunciamiento sobre el caso Proscenio. También aseguró que desde la secretaría se analizaron las causales de impedimento, inhabilidades y en este caso, conflicto de interés, sin encontrar que el alcalde incurriera en alguna de ellas. Según la secretaría, todavía no han sido notificados oficialmente de la investigación que abrió el ente de control y están esperando el pronunciamiento que el Distrito había solicitado al ente. "Bienvenidas todas las investigaciones. Esperamos que el señor procurador se pronuncie sobre este trámite que hemos anunciado y en relación con la información que allí requieran estaremos dispuestos a suministrar todos los antecedentes y soportes referente a este caso en particular", dijo Hernández. El decreto en cuestión es el 674 de noviembre de 2018, con el que se modifica el plan parcial de Proscenio, que para el 2010, cuando se expidió, tenía un monto total de ventas estimado en 868.899 millones de pesos. De acuerdo con Coronell, con la modificación, firmada por el alcalde Peñalosa, las ventas estimadas crecieron hasta llegar a ser de 1,89 billones de pesos. "El espectacular crecimiento de las ventas se explica porque el decreto de Peñalosa autoriza a sus donantes el cambio del uso de la tierra dándoles más ventajas, les permitió además privatizar una calle y les aumenta los índices de construcción y ocupación", se lee en la columna de Coronell Lo que Peñalosa no quiere explicar. Le recomendamos: La tras escena Lo que explicó Coronell es que el decreto de 2010 solo permitía comercio zonal con áreas máximas de 2.000 metros cuadrados, mientras que el decreto firmado en noviembre por Peñalosa permite usos comerciales de escala metropolitana que significa almacenes por departamentos, centros comerciales e hipermercados de más de 6.000 metros cuadrados. "En el decreto de 2010, el índice de construcción era de 6.0 para las tres manzanas que ocupará Proscenio. En el decreto Peñalosa, se autoriza el aumento de construcción para las tres manzanas: dos de ellas suben a 6,21 y la otra a 6,24", explicó Coronell. Los cambios, de acuerdo con la columna del periodista, permitirían a los urbanizadores construir más metros cuadrados para vender y ocupar un porcentaje mayor del terreno. En el documento de la Procuraduría, el ente exige a la Administración Distrital de Bogotá entregar los soportes que permitan conocer los fundamentos por los que el alcalde Peñalosa emitió el decreto 674 del 22 de noviembre de 2018. Exige también que en un plazo de cinco días la administración deberá descubrir cuál es la participación del Grupo Neme y de las sociedades Arpro Arquitectos, Amarillo y su filial Cimento en la estructuración del PPRU Proscenio.