A raíz del revuelo que se desató en redes sociales por el viaje que realizaron varios concejales de Santander a San Andrés para adelantar una capacitación, se conoció que la Procuraduría General de la Nación tomó la determinación de abrir una indagación.
De acuerdo con altas fuentes del Ministerio Publico, se intenta establecer si existió una falta disciplinaria por parte de los funcionarios. Se habla por el momento que 10 de los 13 concejales de este municipio se fueron a la isla de San Andrés con el propósito de recibir una capacitación sobre el reglamento interno del Concejo.
Las autoridades le pusieron la lupa al viaje que se registró del pasado 17 de septiembre al 20 del mismo mes y se realizó a través de un contrato celebrado con la empresa Olted, Organización de Líderes Territoriales para el Desarrollo.
Dicha empresa se encargó de certificar a los funcionarios y al secretario del Concejo. El contrato tuvo un valor de $45.000.000, de los cuales el Concejo aportó la suma de $34.500.000 y la Organización Olted la suma de $10.500.000, según quedó estipulado.
“La Organización ha identificado que existen temas y/o materias sobre las cuales se realizan consultas recurrentes relacionadas con el funcionamiento interno y la aplicación del reglamento vigente, lo que permite evidenciar la necesidad de que los servidores públicos del Concejo se capaciten”, señala el contrato.
Sin embargo, según los veedores del municipio, esta actividad se pudo realizar en otro lugar y disminuir el costo que tuvo. Adicional a esto, aseguran que los concejales viajaron acompañados de sus esposas y en medio de la formación habrían estado de parranda.
“De ninguna manera podemos aceptar un acto tan irresponsable del Concejo, de los concejales, un contrato de capacitación teniendo a la Esap (Escuela Superior de Administración Pública) aquí a cinco minutos de Barbosa”, señaló un veedor local.
A renglón seguido, ante las críticas y la polémica que este hecho suscitó, los concejales de Barbosa salieron a aclarar cómo realmente ocurrió esta capacitación y por qué se dio en dicha isla.
Entrevista clave en la investigación
En entrevista con SEMANA, el concejal Edwin Camacho aseguró que la capacitación estaba programada desde 2021 y aunque se propuso invertir el dinero en otra actividad, la norma no les permitía hacerlo, toda vez que estos eran recursos obtenidos de las sanciones que le fueron impuestas concejales en administraciones anteriores y la expersonera de Barbosa por incurrir en irregularidades contractuales.
“Se trató de una capitación con respecto al reglamento interno de la corporación porque es un reglamento que está obsoleto y, de hecho, ya va a ser actualizado. No fueron recursos del municipio, como aseguran otros medios, el dinero salió de una base presupuestal que se tenía por unas multas que se les habían puesto a los concejales anteriores que habían sido sancionados”, detalló el concejal Camacho.
Y añadió que: “No se realizó en el lugar que dice el veedor porque ya se había programado con anticipación. Yo que soy concejal de oposición, manifesté en si podíamos gastar esos dineros en donaciones o en adecuaciones del Concejo, pero solo se podía gastar en capacitaciones. La ley decía que era solo para bienestar social”.
Otros escándalos
Por otro lado, la Procuraduría Provisional de El Banco, Magdalena, emitió un documento en el que se evidencia la indagación previa que se abrirá a los concejales del municipio de Chimichagua, en el centro del departamento de Cesar, tras una fiesta que fue descubierta cuando salieron a la luz pública videos de algunos cabildantes tomando y bailando en las instalaciones del Concejo municipal.
De acuerdo con el documento conocido por SEMANA, la indagación se abrirá para identificar a los concejales que hicieron parte del festejo que incluyó música, baile y trago.
“La Procuraduría Provisional de Instrucción El Banco, Magdalena, con fundamento en las disposiciones legales y de conformidad con lo previsto en el artículo 208 del Código General Disciplinario, procede a evaluar el asunto radicado bajo en N.° E-2022-558441 D-2022-2604605″, se lee en el escrito.
La indagación previa, según la Procuraduría, tendrá una duración de seis meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de una investigación.