La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación previa al ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, y al viceministro Francisco Coy, debido a presuntas omisiones en la aplicación integral de la Política Integral Migratoria (PIM) con respecto a la población que atraviesa la región del Tapón del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá.
Los funcionarios deberán brindar explicaciones al Ministerio Público sobre las razones que, aparentemente, llevaron a no aplicar la PIM a los migrantes ubicados en los municipios de Necoclí, Acandí y Capurganá, quienes buscan cruzar la frontera entre ambos países.
Asimismo, se les exigirá que den cuenta de por qué, supuestamente, dejaron de implementar acciones destinadas a mantener operativo el Centro de Atención Sanitario, que beneficiaba a las personas que ingresaban al país desde el este.
La investigación también incluye al director general y la subdirectora de control migratorio de la Unidad Administrativa de Migración Colombia, Carlos Fernando García Manosalva y Martha Hernández Arango, respectivamente.
Según la Procuraduría, estos funcionarios habrían dejado de aplicar de manera efectiva la Política Integral Migratoria en el área del Tapón del Darién y de llevar a cabo un control eficiente de la población migrante en los municipios mencionados anteriormente. Estas presuntas omisiones se consideran un posible riesgo para la seguridad nacional.
Como parte de su proceso disciplinario, la Procuraduría ha solicitado la realización de pruebas con el objetivo de determinar si ha habido conductas que constituyan faltas disciplinarias y si se ha actuado amparado por alguna causal de exclusión de responsabilidad.
Investigación por presuntas irregularidades en la suspensión de la licitación para la expedición de pasaportes
De otro lado, la Procuraduría General abrió, el pasado 20 de septiembre, una investigación disciplinaria contra el canciller Álvaro Leyva y el secretario general del Ministerio, José Antonio Salazar Ramírez, en relación con la polémica suspensión del proceso de licitación para la expedición de pasaportes en Colombia.
La decisión de declarar desierto el proceso de licitación, que había estado cerca de ser adjudicado a la empresa Thomas Greg & Sons, ha generado una serie de cuestionamientos sobre posibles irregularidades en el procedimiento. La Procuraduría señaló que esta acción podría haber vulnerado principios fundamentales de la contratación estatal, lo que podría constituir una falta disciplinaria por parte de los funcionarios mencionados.
Entre las preocupaciones planteadas se encuentran posibles violaciones de los principios de transparencia, economía y responsabilidad en el proceso de suspensión de la licitación. La situación es particularmente relevante debido a la importancia de la expedición de pasaportes y su impacto en la ciudadanía, así como en la planificación de viajes internacionales.
El canciller Leyva, anunció la suspensión del proceso de licitación el pasado 13 de septiembre, argumentando que ninguno de los oferentes cumplía con los requisitos necesarios para el contrato. Esta licitación, con un valor de 559.000 millones de pesos, había generado expectativas en cuanto a su adjudicación a la empresa Thomas Greg & Sons, una compañía que históricamente se encargaba de la producción de pasaportes en Colombia, y a quien Leyva le firmó una prórroga de contrato para la producción de los pasaportes por un año más.
La Procuraduría había emitido advertencias previas sobre este asunto, solicitando explicaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores desde el 1 de agosto, cuando se produjo la primera suspensión del proceso de licitación. En ese momento, el ente de control había expresado su preocupación por la falta de fundamentos legales para la suspensión y los posibles impactos en la prestación del servicio.
Esta investigación disciplinaria busca esclarecer los hechos y determinar si existen faltas disciplinarias por parte de los funcionarios involucrados. La Procuraduría ha solicitado la práctica de pruebas para llevar a cabo una evaluación detallada de la conducta y determinar si se actuó amparado por alguna causal de exclusión de responsabilidad.