Una investigación preliminar abrió la Procuraduría General para establecer los nexos entre varios oficiales activos y en retiro del Ejército con la banda de Juan Larrinson Castro Estupiñán, conocido como Matamba. En su más reciente edición, SEMANA reveló varios testimonios que demarcan una fuga de información para beneficiar a Matamba y sus hombres, así como acciones para bajar la intensidad de los operativos en su contra en el sur del país, al mismo tiempo que se fortalecían los operativos en contra de los enemigos del narcotraficante.
En este caso, el Ministerio Público le solicitó a la Fiscalía General que le envíe copias de la reciente imputación que se hizo en contra de los coroneles en retiro Harry Leonardo Gómez Tabares, excomandante del Batallón Boyacá, y Robinson González del Río, por recibir comisiones para entregarle información de inteligencia a Matamba con el fin de evitar que fuera capturado.
Además, los integrantes en retiro y activos del Ejército habrían adelantado acciones internas con el fin de cambiar a los agentes de inteligencia que se encontraban en el departamento de Nariño y que tenían, como objetivo de principal interés, la detención del narcotraficante quien lideraba la organización criminal conocida como La Cordillera Sur.
En medio de la citada imputación apareció el nombre de El Padrino, un general del Ejército, que habría adelantado acciones para desviar los operativos y cambiar los agentes de inteligencia que le pisaban los talones a Matamba en el departamento del Nariño. Por sus buenos oficios, el oficial habría recibido una millonaria comisión del narcotraficante, quien quería que formara parte de su organización.
Dos nombres aparecieron en medio de la imputación de cargos para hacer referencia. Sin embargo, un informe de la Fiscalía conocido por SEMANA reveló que los investigadores le habían adelantando seguimientos y registros en Bogotá al general del Ejército Leonardo Alfonso Barrero Gordillo, quien habría sido el hombre que le facilitó información a la organización de narcotraficantes y habría dado órdenes directas para que se cancelaran los operativos en la zona contra Matamba.
Ahora, la Sala Disciplinaria de Instrucción deberá determinar parte de esta información, establecer los vínculos del general con la organización criminal y concluir si existen méritos para abrirle una investigación disciplinaria.
Igualmente, el procurador delegado podrá pedir sus propias pruebas documentales y testimoniales para verificar el caso y decidir si les formula pliego de cargos a los oficiales que habrían estado vinculados con esta banda que busca el control para el tráfico de drogas en la región sur.
Las pruebas contra el coronel del Río
En la audiencia de imputación de cargos, que se extendió por varios días, la Fiscalía General presentó varias pruebas que demostrarían los nexos entre el coronel Del Río y la organización criminal. En los chats registrados, el oficial en retiro recibía órdenes directas de Matamba para que se orquestaran operativos en contra de sus oponentes en la lucha por el control del territorio.
Igualmente, Del Río brindó asesoramiento logístico y armado a los integrantes de la organización ilegal “para que replegaran a otros grupos criminales como el ELN” para así apoderarse de los cultivos de coca y los laboratorios de producción de estupefacientes, principalmente en los municipios de Leiva, El Rosario y Policarpa.
La Fiscalía General le imputó al coronel en retiro los delitos de concierto para delinquir agravado, entrenamiento para actividades ilícitas agravado y utilización ilegal de uniformes e insignias.
Pese a que salió por la puerta de atrás del Ejército por sus constantes escándalos de corrupción, el coronel tenía una notable influencia en la Institución. Debido a esto recibía un nada despreciable sueldo de parte de Matamba para recibir información de inteligencia sobre los operativos en la zona y así evitar el actuar de las autoridades.
Igualmente, movía sus influencias con el fin que se movieran a los comandantes de inteligencia y así bajarle a los operativos contra Matamba y su organización que buscaban el control total de las rutas del narcotráfico.
La Fiscalía General le imputó al coronel en retiro los delitos de concierto para delinquir agravado, entrenamiento para actividades ilícitas agravado y utilización ilegal de uniformes e insignias.
El coronel (r) González del Río recuperó su libertad en enero de 2018 por orden de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que admitió su sometimiento y avaló su colaboración con los proceso por ‘falsos positivos’. Según las pruebas recolectadas, una vez libre, el oficial en retiro continuó sus pasos delictivos, ayudando directamente a Matamba y contactando personas dentro del Ejército para continuar sus actividades delictivas.