Hace diez años se destapó el mayor escándalo que ha comprometido a la clase política colombiana. La Corte Suprema de Justicia descubrió los nexos de un número significativo de congresistas con las Autodefensas Unidas de Colombia.Fue el proceso de la parapolítica, que empezó meses después de la desmovilización de casi 18.000 paramilitares y que terminó con la captura y la condena de más del 30% del Congreso de la República. En total 102 representantes y 97 senadores fueron investigados, de los cuales 42 parlamentarios resultaron condenados.La justicia colombiana comprobó que los nexos entre políticos y paramilitares se tejieron entre 1998 y el 2006, pero incidieron en los resultados de las elecciones del 2002, principalmente. Tanto que varios partidos, como Colombia Democrática, terminaron sin voceros en el capitolio pues todos sus senadores terminaron tras las rejas. Fue el partido que fundaron Mario Uribe y Álvaro García Romero, condenado por la masacre de Macayepo, en Sucre.La parapolítica fue calificada como el peor escándalo político en Colombia, incluso con connotaciones superiores a las del Proceso 8.000 (la investigación por la infiltración de dineros calientes a la campaña presidencial de Ernesto Samper, en 1994).Sin embargo, parece que no es un asunto del pasado, pues actualmente los organismos de control investigan las presuntas alianzas entre dirigentes políticos locales con los grupos ilegales posdesmovilización de las Autodefensas, a los cuales el Estado colombiano ha coincidido en denominar bandas criminales o bacrimes.En un informe dirigido el pasado 12 de abril, al representante a la Cámara Alirio Uribe (Polo Democrático), la Procuraduría General de la Nación revela que desde el 2006 hasta el 2016 se tiene registrado un total de 519 procesos disciplinarios contra funcionarios por vínculos con grupos paramilitares o con bandas criminales. Estos procesos obedecen a conductas homicidio, amenazas, constreñimiento electoral, financiación de campañas políticas, entre otras.De acuerdo con la información del Ministerio Público conocida por Semana.com, el 50 % de estos procesos disciplinarios recaen sobre alcaldías (109 procesos), gobernaciones (37), Concejos municipales y Asambleas departamentales (40) y el Congreso de la república (73). Mientras que el 15 %, 78 expedientes de los casos disciplinarios, recaen en miembros de las tres fuerzas (Militares, Armada y Policía).El 54 % de los casos investigados por la Procuraduría contra servidores públicos por vínculos con el paramilitarismo o las bandas criminales se concentra en siete departamentos. La mayor cantidad de procesos corresponden a Bogotá (75), Antioquia (49), Magdalena (45), Atlántico (34), Bolívar (23), Norte de Santander (24) y Sucre (31).El informe de la Procuraduría señala que la mayor parte de estos procesos se encuentran en etapas procesales preliminares, de remisión por competencia o de investigación, correspondiendo el 40 % de los casos a estos estados. De igual manera, el 17 % fueron archivados y el 42 % se encuentran en estados procesales finalizados o decididos.En el informe la Procuraduría reconoce la existencia de vínculos de servidores públicos con bandas criminales: “(…) Es evidente que en algunos casos miembros de la fuerza pública han sido influidos por intereses criminales, no solo de las bacrimes, sino de organizaciones guerrilleras. Entre otros casos es innegable que miembros de la fuerza pública han sido parte de actividades criminales asociadas con tales grupos. En el marco de las competencias que asigna el ordenamiento jurídico a la Procuraduría, se adelantan procesos disciplinarios”.La Procuraduría, en su informe también define las bacrimes como “estructuras armadas que persisten en actividades delincuenciales, especialmente el narcotráfico, y que en el pasado hicieron parte de las AUC”. En relación con procesos disciplinarios contra servidores públicos por vínculos con bandas criminales, la Procuraduría relaciona 10 casos que corresponden a hechos o conductas ocurridos entre el 2007 y el 2011 (no hay procesos por hechos posteriores a estos años), que acontecieron en los municipios de Santa Marta (Magdalena), El Charco (Nariño), Cimitarra (Santander), Ovejas (Sucre), Riohacha (La Guajira), Medellín (Antioquia).Los hechos denunciados ante la autoridad de control disciplinario corresponden a presuntas relaciones con homicidios, financiación de bandas criminales y vínculos entre fuerza pública, bandas criminales y servidores públicos.De estos 10 procesos, seis se encuentran en etapa preliminar, tres en estado finalizado y uno como caso decidido en espera de cierre.En el caso de procesos disciplinarios contra miembros de la fuerza pública y Bandas Criminales, la Procuraduría reporta seis casos, cuatro de la Policía y dos del Ejército.