A través de un oficio dirigido al director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Gerardo Vega, la Procuraduría solicitó información actualizada sobre la formalización y entrega de tierras a los campesinos después de la firma del acuerdo de paz y, específicamente, durante el 2023.

El Ministerio Público advierte que no hay claridad en las cifras que reporta la Agencia Nacional de tierras debido a que en sus informes de gestión se presenta la información de manera unificada.

“La ANT no reporta de manera diferenciada la gestión entre adjudicación y formalización de tierras, de manera tal que se pueda medir el cumplimiento de cada uno de los dos indicadores con metas trazadoras del subpunto 1.1. del Acuerdo de Paz”, dice la Procuraduría.

La Procuraduría señala que los informes sobre el avance en el cumplimiento del acuerdo de paz no puede incluir como logros resultados previos a la firma del mismo, sino que debe incluir solo aquellas tierras formalizadas luego de la creación del Fondo de Tierras.

“La información que se publica debe corresponder con los indicadores establecidos para el seguimiento; en tal sentido, el avance reportado en la entrega de tierras debe tener origen en aquellas derivadas del Fondo de Tierras creado a partir del Acuerdo de Paz y no de los rezagos de trámites iniciados y terminados por la institucionalidad anterior a su existencia”, advierte la Procuraduría.

La Procuraduría señala que en medio de la controversia originada en la información que viene publicando la Agencia Nacional de Tierras, “se percibe cierto desdén por el alcance de los indicadores que permiten verificar el efectivo avance en dos de las metas más reconocidas y necesarias de la reforma rural integral”.

Para la Procuraduría, cuando el director de la Agencia Nacional de Tierras afirma que, “para nosotros, el indicador es la entrega de los títulos, lo demás es un debate técnico, dejan claro que la ANT no está informando con precisión sobre las gestiones del actual gobierno y en muchos casos se trata de títulos de propiedad reconocidos antes del año 2016″.

Por lo anterior, la Procuraduría le pidió a la ANT remitir informe de gestión de lo adelantado en el actual periodo de gobierno, detallando número y fecha de los actos administrativos emitidos sobre la adjudicación de baldíos, adjudicación de predios y constitución, ampliación, saneamiento, reestructuración de resguardos, o constitución de territorios colectivos de comunidades negras.

La ANT también deberá especificar dentro del informe el número de hectáreas de cada predio adjudicado o formalizado y fecha de entrega del título al beneficiario.

De igual manera, el ente de control pidió actualizar las cifras correspondientes a la gestión del año 2023 del Observatorio de Tierras Rurales, en lo que corresponde a títulos entregados a campesinos y a comunidades étnicas; número de Hectáreas, cantidad de familias beneficiadas y número de hectáreas ingresadas al fondo de tierras entregadas a través del mismo.