La Procuraduría General de la Nación puso la lupa sobre el contrato VE-629-2023 celebrado entre la ANI y la Sociedad Colombiana de Ingenieros y cuyo objeto es evaluar el diseño subterráneo de la primera línea del Metro de Bogotá.
Se trata de un contrato por 8.375 millones de pesos y que fue firmado el pasado 19 de julio, pero en el mismo, la SCI no solo debe emitir conceptos sobre la primera línea del Metro de Bogotá, sino también pronunciamientos o lineamientos técnicos sobre diferentes proyectos ferroviarios del país.
La Procuraduría advierte que la ANI no tiene potestad para evaluar proyectos en los que no funge ni como contratista ni como contratante, por lo que se habría vulnerado el principio de autonomía de las entidades territoriales y el principio de autonomía de la voluntad de las partes en los contratos estatales.
Asimismo, advierte la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública que la ANI habría desconocido el Estatuto de Contratación Pública al entregar el contrato de manera directa “sin respetar la pluralidad de oferentes, el concurso de méritos y el principio de transparencia”.
Ante los hechos, luego de evaluar los documentos del proceso de contratación y las respuestas de la ANI, la Procuraduría dice que hay actuaciones que pueden derivar en presuntas irregularidades, las cuales fueron consignadas en un informe con el fin de que el ente de control, por medio de la investigación disciplinaria, determine la posible comisión de faltas disciplinarias y sus respectivas sanciones.
Posible corrupción
El pronunciamiento de la Procuraduría se da luego de que SEMANA revelara en su última portada las comprometedoras conversaciones entre José Joaquín Silva Ardila, exempleado del Ministerio de Transporte, y un ciudadano chino referenciado como William o Dong, obligaron a las autoridades a abrir un expediente, hasta hoy secreto, sobre posible corrupción en la construcción del Metro de Bogotá. Las interceptaciones más graves fueron realizadas entre enero y marzo de 2022, justo antes de las elecciones al Congreso.
En ellas, se habla del pago de coimas por más de 10.000 millones de pesos. De esta cifra, unos 6.000 millones irían “a los verdes” para financiar campañas políticas al Legislativo, a cambio de ser favorecidos en contratos de la megaobra, la más importante en la historia del país. Los reveladores documentos, conocidos en exclusiva por SEMANA, contienen varias menciones a la alcaldesa Claudia López y a su esposa, la senadora Angélica Lozano.
La insistencia por el metro subterráneo
A principios de este 2023, tras una reunión con la alcaldesa Claudia López en la Casa de Nariño, el Gobierno anunció la instalación de mesas técnicas para revisar, conjuntamente entre el Distrito y la Nación, las viabilidades técnicas y jurídicas para modificar el objeto del contrato firmado con el consorcio chino y lograr que se hiciera realidad el deseo del presidente Petro de soterrar el trazado, principalmente, sobre la Avenida Caracas.
En las mesas no se ha avanzado más que en una discusión, sin embargo, en julio de este año, el presidente Petro de manera sorpresiva anunció en su cuenta de Twitter, que ya había una propuesta en común con la Alcaldía de Bogotá para “evitar” un metro elevado. De inmediato la administración distrital salió a desvirtuar al primer mandatario negando dicho acuerdo, a lo que el jefe de Estado respondió advirtiendo que el Gobierno había sido engañado entonces por la alcaldía, por lo que a Claudia López no le quedó más remedio que ceder y salir a confirmar que efectivamente se está a la espera de unos estudios o conceptos por parte de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) para determinar los criterios de beneficio – costo de las alternativas para soterrar el trazado.