En el primer semestre de 2024 se perpetraron 123 alteraciones del orden público en el departamento, en promedio cinco por semana. Se trata de una advertencia de la Procuraduría: 51 ataques contra población civil, 33 combates contra el ejército, 31 hostigamientos a unidades militares y policiales y ocho enfrentamientos entre ellos, sin pasar por alto el subregistro en los datos por estos eventos.

El ministerio público advirtió sobre la grave situación de seguridad en que se encuentra la población del departamento del Cauca, por cuenta de las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, DIH, a cargo de los grupos armados ilegales como ELN, Estado Mayor Central, Segunda Marquetalia y Frente Yair Bermúdez, todo por el control del territorio y las rentas ilegales.

Se trata de acciones criminales de todo orden, y bajo responsabilidad de las mismas organizaciones que vociferan estar un proceso de paz, pero que internamente se enfrentan por el control del tráfico de estupefacientes. La radiografía de la Procuraduría incluye varias recomendaciones para el Gobierno y 14 entidades del Estado.

“Entre los sucesos más lamentables están las amenazas contra el 28 % de los personeros del departamento, la utilización de niños, niñas y adolescentes para el transporte de artefactos explosivos y el uso de drones con explosivos que han afectado directamente a la población civil. Los municipios más afectados son Argelia con 19 eventos de orden público, Cajibío con 12, Santander de Quilichao 11, Toribío y Suárez con 10 cada uno”, señaló la Procuraduría.

El informe del ministerio público también da cuenta de la expansión y posicionamiento de estructuras como la “Dagoberto Ramos”, que hace presencia en el 31 por ciento del departamento, además del incremento del 14 por ciento de las amenazas en esta zona del país. Según la Procuraduría, aumentaron las prácticas de control social como toques de queda para las comunidades y uso del carné.

“El informe asegura que la crisis se presenta porque el Gobierno Nacional no logró contener y mucho menos anticipar la ocurrencia de atentados, incursiones armadas, hostigamientos a estaciones de policía y ataques a la población civil y que los incumplimientos del cese al fuego por parte de estos grupos ilegales no contaron con la debida verificación y alerta” señala el informe.

Javier Sarmiento, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, dijo que de enero a junio de 2024, el ente de control acompañó 86 consejos de seguridad territoriales, hecho que advierte sobre una estrategia reactiva en la atención de los eventos.

“El total de los municipios del departamento cuenta con injerencia de los grupos armados ilegales y el 42 % del total de eventos por alteración del orden público fueron dirigidos contra la población civil”, explicó el funcionario.