A través de un seguimiento permanente realizado a Colpensiones, la Procuraduría alertó que el retiro reciente retiro de funcionarios estaría afectando el flujo de procesos pendientes al interior de la entidad.
“La Procuraduría, a través del seguimiento permanente que realiza a Colpensiones, alerta en un primer diagnóstico sobre la situación de la entidad, en el que se refleja la grave congestión y retraso en la decisión de prestaciones económicas que podrían afectar los derechos fundamentales de los ciudadanos”, informó el Ministerio Público.
Mediante requerimientos y visitas administrativas, el ente de control recibió un informe con corte al 31 de agosto en el cual habría un total de 71.402 solicitudes pendientes, entre los cuales 18.385 están con los términos vencidos. De igual forma, se considera que la falta de personal impide que todo sea atendido con normalidad.
Adicionalmente, la Procuraduría solicitó conocer las acciones o planes previstos por parte de Colpensiones ante la contingencia. Sumado a ello, explicó que el retiro de los funcionarios con experiencia técnica específica; estaría generando afectaciones respecto al retraso de las decisiones de prestaciones económicas.
Sobre este punto, Colpensiones certificó que entre el periodo del 1 de diciembre de 2022 hasta el 31 de agosto de año en curso, se liquidó en la nómina a una serie de servidores públicos por concepto de indemnizaciones, las cuales fueron de 1.226.061.008 de pesos. En total habrían sido 110 funcionarios.
A partir de esto, la Procuraduría volvió a hacer hincapié en el proyecto de reforma pensional impulsado por el Gobierno. Sobre esto, el ente advirtió que la implementación de un nuevo modelo, que estaría a cargo de Colpensiones, requiere una entidad sólida, técnica y que cuente con las garantías suficientes para el debido proceso, protección de derechos fundamentales, del patrimonio público y afiliados.
“La Procuraduría continuará practicando visitas y solicitando informes con el fin de ejercer la vigilancia superior en defensa de los derechos de afiliados, pensionados y funcionarios”, sostuvo el ente de control.
Investigación sobre un presunto caso de acoso laboral
Otro asunto que compete a Colpensiones y la Procuraduría radica en una investigación en torno a un posible caso de acoso laboral interior de la entidad de pensiones.
En cuestión, el ente de control inició una investigación formal contra Yina Paola Saavedra Espinosa, jefe de Control Interno Disciplinario de Colpensiones, por presuntas acciones de acoso y persecución laboral.
La investigación surge a raíz de una denuncia presentada por la funcionaria María Catalina Guarnizo García, en la que alega haber sido víctima de maltrato laboral por parte de Saavedra Espinosa durante el período comprendido entre 2018 y 2020.
Guarnizo, la denunciante, señaló que en reiteradas ocasiones se presentaron incidentes relacionados con el maltrato verbal por parte de Saavedra, las cuales incluían comentarios descalificadores e irrespetuosos relacionados con sus responsabilidades laborales y su apariencia física, en presencia de otros empleados de la entidad.
Del mismo modo, la Procuraduría se encuentra investigando posibles restricciones impuestas por Saavedra contra Guarnizo en relación con la legalización de sus permisos para asistir a citas médicas después de haber tenido un accidente laboral. La denunciante aseguró un trato discriminatorio.
El Ministerio Público ha ordenado la realización de pruebas necesarias para esclarecer los hechos y determinar si constituyen una falta disciplinaria.