La Procuraduría General de la Nación acaba de emitir una advertencia al Ministerio de Salud y Protección sobre los posibles riesgos e irregularidades que se podrían presentar en el concurso de méritos del contrato del servicio de desarrollo y mantenimiento de soluciones de software.
El ente de control explicó “a través del delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Marcio Melgosa, identificó que la publicación de una adenda el mismo día de cierre del proceso podría vulnerar el principio de economía y las disposiciones del Decreto 1082 de 2015, al no dar tiempo suficiente a los oferentes para ajustar sus propuestas conforme a los cambios”.
En las alertas, la Procuraduría también halló que el Ministerio de Salud habría incluido en el proceso de exigencia una certificación de calidad CMMI como criterio de calificación. Ese punto, sería una contravención a la ley, teniendo en cuenta que se prohíbe exigir tales certificaciones como requisito para participar en licitaciones.
“Esta situación, según la Procuraduría, podría limitar la libre concurrencia y objetividad en la selección de los proponentes”, dice el comunicado.
Frente a esta situación, el ente de control le pidió al Ministerio de Salud considerar la suspensión temporal del proceso hasta realizar un análisis detallado de las advertencias y publicar este oficio en la plataforma Secop II. También recomendó evaluar la revocatoria del acto de apertura del proceso para garantizar la transparencia y cumplimiento de los principios que rigen la contratación pública.
Recientemente, el procurador Melgosa también halló una serie de inconsistencias en el proceso de contratación sobre el millonario contrato que la Agencia de Logística de las Fuerzas Militares había asignado para comprar más de 150 camionetas blindadas, para ponerlas a disposición de los esquemas de protección de la UNP.
Pero con las alertas encendidas sobre ese proceso licitatorio, a la Agencia de las FF.MM. le tocó echarse para atrás indicando que “las observaciones y cuestionamientos que se suscitaron tanto por los interesados como por la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, en modo alguno afectan o vician la actuación previa a la publicación y apertura del proceso dispuesta a través de la resolución cuya revocación se ordenará”.
Ahora al Ministerio de Salud le tocará ponerse a revisar si existen riesgos en el proceso de contratación del desarrollo y mantenimiento de software, para que en los próximos días se tomen decisiones alrededor de esa millonaria licitación.
En medio de esta situación, el Consejo de Estado aceptó en las últimas horas una demanda contra el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda por el decreto que definió el porcentaje de Unidad de Pago por Capitación. El valor anual que se paga por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad social en salud de Colombia.
Para el abogado Germán Calderón España, el decreto del gobierno “conlleva una reforma sustancial del derecho fundamental a la salud, porque modifica asuntos propios de un sistema de salud, esto es, lo atinente a principios y normas; políticas públicas; instituciones; competencias y procedimientos; facultades, obligaciones, derechos y deberes; financiamiento; controles; información y evaluación, que el Estado disponga para la garantía y materialización del derecho fundamental de la salud”.