La Procuraduría General de la Nación conoció en las últimas horas sobre el rescate, por parte de la Armada Nacional, de 55 migrantes abandonados en aguas de San Andrés por traficantes que los cooptan para llevarlos ilegalmente a costas nicaragüenses. Entre los rescatados hay 16 menores de edad.
De acuerdo con cifras de la entidad, con esta operación, el número de migrantes irregulares puestos a salvo entre 2022 y 2023 llega a la cifra de 1.102 personas. No obstante, otras 74 personas no corrieron con la misma suerte, pues continúan desaparecidas en altamar.
La Procuraduría General de la Nación manifestó nuevamente su preocupación y reiteró las advertencias realizadas a través del informe preventivo emitido el pasado 3 de octubre de 2023, en el cual se plantearon 30 recomendaciones a 13 entidades, en aras de hacer frente a esta problemática, sin que a la fecha se constaten avances de las entidades para controlar el fenómeno.
De hecho, el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, aseguró que “este nuevo episodio demuestra que ni Migración Colombia, ni la OCCRE, están tomando las medidas necesarias; se deben redoblar los esfuerzos con mensajes dirigidos a los migrantes, exponiendo los riesgos a los cuales se enfrentan, así como mejorar el control de ingresos de ciudadanos extranjeros en la isla”.
Asimismo, la Procuraduría también hizo un llamado puntual al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, para que despliegue sus capacidades en el archipiélago y atienda a estos menores de edad, cuyos derechos han sido vulnerados y deben ser protegidos por el Estado.
Entre tanto, hay que recordar que la procuradora General, Margarita Cabello Blanco, habló hace unos días sobre la cifra de migrantes rescatados que “no deja de ser muy preocupante, porque entre los riesgos que afronta esa población encontramos realidades como, por ejemplo; lanchas pequeñas, lanchas inseguras y casi que básicas con un solo motor, ausencia de chalecos salvavidas, ausencia de instrumentos de navegación en esas naves y ausencia de instrumentos de comunicación. Incluso hemos encontrado y detectado la potestad de que esa población migrante sean víctimas de redes de tráfico irregular que no tienen consideración alguna en la seguridad personal de esa población y terminan incluso asaltándolas y quitándolas y quitándoles todas sus pertenencias”.
La Procuradora Cabelló Blanco señaló que la migración irregular por vía marítima es un tema que merece toda la atención de las autoridades, como sucede en el caso del Tapón del Darién.
“Este año han existido seis naufragios, en los cuales han desaparecido, al menos, que se tenga conocimiento, 59 personas. Es decir, es claro que esto no es un tema menor. Si hay un tema grande y mayor en el tapón del Darién, hay que ponerle atención a este nuevo flujo de migrantes a través de la vía marítima. Nosotros como país, y sobre todo como institucionalidad, debemos estar presentes en todo el territorio nacional brindando el apoyo necesario para evitar y mitigar esta situación y lógicamente evitar que sigan ocurriendo pérdidas de vidas humanas”, dijo.
Hay que señalar que la ruta que siguen los migrantes vía marítima inicia en la isla de San Andrés y continúa hacia uno de los puntos o rutas conocidos que es Cayo Pescador, en este lugar es desde donde se zarpa toda la población migrante de diferentes nacionalidades hacia Nicaragua.
“Con base en esos descubrimientos, que lo hemos trabajado mucho con la Armada, diseñamos y pusimos en marcha una estrategia de seguimiento integral frente a la garantía de los derechos de la población migrante”, indicó la Procuradora.
Asimismo, señaló que “existe una responsabilidad del sector privado dentro de esta problemática. De un lado, las aerolíneas estarían omitiendo indagar a los viajeros sobre el tiquete de regreso luego de su ingreso a la isla. Por otro lado, al parecer, algunos hoteles y sitios de posada presentes en San Andrés, no están reportando la información necesaria de extranjeros hospedados en sus habitaciones”, reveló.