La Procuraduría General de la Nación anunció este jueves 21 de septiembre la apertura de una indagación previa contra funcionarios del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) por presuntas irregularidades en el trámite de la contratación de servicios tecnológicos para distintas sedes de la entidad que tiene un valor que supera el billón de pesos.
El órgano de control señaló que dichos funcionarios están “por determinar”. Así mismo, manifestó que indaga “presuntas falencias presentadas en el proceso de licitación pública convocado”. Entre otras pruebas, la Procuraduría pidió copia de los estudios previos elaborados, así como de las observaciones hechas al proceso y las respuestas dadas por el Sena.
El Ministerio Público agregó que el recaudo del material probatorio estará a cargo de su Dirección Nacional de Investigaciones Especiales.
Esta licitación, una de las más grandes del país en el momento, ha estado envuelta en polémica. El objetivo del contrato es “el diseño, instalación, puesta en funcionamiento, operación, mantenimiento, soporte y gestión de los servicios tecnológicos del Sena a nivel nacional, garantizando su interoperabilidad, integración, cumplimiento del gobierno y arquitectura de TICS de la entidad, y mejora continua”.
Varias de las empresas participantes habían expresado sus quejas frente a los términos de la licitación. Y unas horas antes del cierre, Claro, uno de los grandes jugadores que podían aspirar al negocio, decidió retirarse. Por medio de una dura carta, expresó que no había garantías para participar en el proceso.
En la misiva, la compañía señaló varios puntos como “críticos e insalvables”. Lo primero es el monto del contrato. Según Claro, “el presupuesto asignado al proyecto difiere sustancialmente de los estudios de mercado realizados por la entidad, teniendo, además, un menor periodo de ejecución contractual”.
Lo segundo tiene que ver con las “exigencias y especificaciones técnicas, particulares y especiales”. La empresa asegura que se les están imponiendo unas condiciones para el cumplimiento del contrato que no comparten.
“Al analizar de manera rigurosa las especificaciones técnicas exigidas para los múltiples componentes incluidos en el pliego, se obliga a los proponentes a integrar soluciones que son ofrecidas por un único fabricante, lo que impide optimizar los costos e inversiones impidiendo aprovechar las economías de escala necesarias, dadas las restricciones presupuestales expuestas en el anterior numeral. En resumen, en un porcentaje importante del universo de componentes no hay pluralidad de fabricantes, a pesar de que existen diversidad de ofertas en el mercado con funcionalidades equivalentes”, señalan.
Como último punto, aseguran que existe una “insuficiencia en las condiciones del tiempo y garantías para una correcta transición”.
A raíz de todas estas críticas y de los comentarios que ha suscitado la licitación, sus términos fueron prorrogados. El Sena confirmó a SEMANA que “se realizó una adenda al cronograma de la licitación adelantada para contratar los servicios tecnológicos de la entidad, mientras se revisan las observaciones realizadas a la evaluación y se presenta informe sobre el proceso al Comité de Contratación, por parte del ordenador del gasto”.
Por cuenta de esta decisión, se aplazó la audiencia que estaba programada para este lunes 18 de septiembre, dentro del cronograma.
Este proceso ha despertado siempre mucho interés y controversia. En 2019, el país vivió una enorme polémica por un contrato semejante. El objetivo era la conectividad y el servicio de data center de la entidad por 34 meses. El monto también fue millonario: 695 mil millones. Sin embargo, al final, el Estado terminó por desembolsar mucho más, pues se firmaron 20 “otrosíes”, que alcanzaron un total superior al billón de pesos.
En su momento, la licitación fue muy criticada, a tal punto que la Procuraduría pidió suspenderla. Para la fecha, se cuestionó el papel de la Universidad Nacional en el seguimiento al proceso.