Vicky en Semana conoció en exclusiva el documento de apelación que radicó la Procuraduría ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, para que los magistrados reconsideren su decisión de aceptar al excongresista del Partido de La U Musa Besaile, en ese tribunal.
La petición la está haciendo Hugo Alcides Peñafort Sarmiento, Procurador Tercero Delegado con Funciones de Intervención ante la Jurisdicción Especial para la Paz, indicando que el Ministerio Público eleva esta apelación al conocer la resolución en la que se asume la competencia en el caso del excongresista.
"Por medio del presente escrito me permito interponer recurso de APELACIÓN en contra de la decisión tomada mediante resolución No0165 de 2020, en el caso del señor MUSA ABRAHAM BESAILE FAYAD, el que será debidamente sustentado en término conforme a lo establecido en el artículo 13 y 14 de la Ley 1922 de 2018", dice el documento conocido por Semana.
Musa Besaile, se comprometió, entre otras cosas, a contar la verdad sobre cómo fue elegido el actual procurador Fernando Carrillo, razón por la cual llama la atención la solicitud de apelación. El excongresista de La U fue uno de los barones políticos de la Costa Caribe y uno de los congresistas que llegó al legislativo con un gran número de votos, sobre todo, obtenidos en el departamento de Córdoba. Besaile, quien fue aceptado en la JEP como Agente del Estado, deberá comparecer en los próximos días para iniciar con su proceso ante este tribunal. El excongresista fue detenido en agosto en agosto de 2017 por pagar más de $2.000 millones para engavetar su expediente por parapolítica en la Corte Suprema de Justicia. Los argumentos de la Procuraduría para presentar la apelación Al conocer la revelación de Vicky en Semana, el procurador Fernando Carillo, entregó detalles del por qué se hizo uso de esa solicitud a la Jurisdicción Especial para la Paz y argumentó que los carteles de la corrupción no pueden utilizar al nuevo tribunal como un burladero para evadir la justicia. Carrilo, indicó que los delitos comunes que fueron cometidos por terceros deben tener relación directa con el conflicto armado si quieren someterse a la JEP, razón por la cual, según el Procurador, en el caso de Besaile no se cumple con esta condición. El Ministerio Público considera improcedente el sometimiento del excongresista a este tribunal y más por "pretender cubrir con un manto de impunidad delitos que no tienen relación alguna con el conflicto". El procurador indicó que no solamente se ha hecho uso del recurso de apelación en el caso de Besaile, si no que también se hizo la misma solicitud en casos como los del excongresista Álvaro Ashton, el general (r) Miguel Maza Márquez y el exsenador Alberto Santofimio Botero, por considerar que "las puertas de la Jurisdicción Especial para la Paz no pueden ser vulneradas para intentar burlarse de la justicia y la sociedad". Así las cosas, la apelación está orientada a que el denominado ‘cartel de la toga‘ y el caso del ‘cartel de la hemofilia‘, procesos en los que Besaile responde por presuntos delitos, no son competencia de la JEP ya que no tienen relación directa con el conflicto y se trata de pura corrupción administrativa. Por eso contó que esa será la sustentación que hará el Ministerio Público ante los magistrados de la JEP en los próximos días. "Al igual que la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría cree que los delitos comunes que terceros pretendan someter a conocimiento de la JEP, deben tener una conexidad material y directa con el conflicto armado y cumplir con los siguientes criterios de conexidad: i) Que el delito común no se cometa en beneficio personal, ii) Que el delito común tenga una conexidad material con los delitos propios del conflicto, iii) Que el delito común signifique un aporte verificable, material o moral, al esfuerzo general de guerra de uno de los actores del conflicto o en la conducción de hostilidades", dijo Carrillo. Así las cosas en los próximos días la Sala de Definición de Situaciones Jurdídicas de la JEP deberá resolver el recurso del Procurador Delegado que presentó el documento.