A finales de 2020, en medio del cierre de la segunda legislatura, el Congreso aprobó el nuevo Código Electoral presentado por la Registraduría. Ahora, la Procuraduría acaba de darle luz verde a la ley luego de una revisión constitucional por parte del ente de control. Se trata de la hoja de ruta y las reglas para las próximas elecciones en el país.
A pesar de que hubo algunos reparos, el grueso de la ley fue respaldado. Incluso, el ente de control recomendó a la Corte Constitucional celeridad en su revisión para que entre a regir en las próximas elecciones al Congreso y Presidencia.
Entre las recomendaciones, la que más llamó la atención es en la que se pide que la paridad de género no dependa del número de escaños de las corporaciones, sino que todas las listas de aspirantes sean del 50 %, esto porque en la ley se había establecido que para corporaciones con menos de cinco curules la paridad sería del 30 %.
Otro punto relacionado con la participación de mujeres en política es respecto a casos de violencia. La Procuraduría solicitó que se ajuste la escritura del artículo 255, que hace referencia a este problema. Pide que sea redactada de una mejor manera para que no haya lugar a interpretaciones, ya que considera que como quedó puede dar paso a que se entienda que el Consejo Nacional Electoral (CNE) es la única autoridad para investigar estos delitos, más allá de los organismos judiciales del país.
En medio de la revisión, la Procuraduría también recomienda otros ajustes menores de la redacción. Por ejemplo, habla de que un artículo impediría al CNE revocar la inscripción de candidaturas por sanciones de carácter administrativo o disciplinarias impuestas a funcionarios electos por voto popular. Asimismo, pide que se aclare cuando se habla de “autoridad judicial” para diferenciar los órganos judiciales de los no penales.
Esto porque, a pesar de que no se menciona, es un salvamento del ente de control luego del antecedente del caso del senador Gustavo Petro en contra del organismo, cuando alegó vulneración a sus derechos políticos tras ser destituido en 2013. En ese sentido, hay varios reparos de la Procuraduría con el fin de prevenir eventuales conflictos jurídicos con ese antecedente y que la norma se ajuste a los lineamientos solicitados por la Corte Penal Internacional en ese fallo.
Llama la atención que el ente de control le pide a la Corte Constitucional que haya celeridad en la revisión de la norma para que pueda entrar a regir en las próximas elecciones. “La Procuraduría le solicitará a la Corte Constitucional que le otorgue prelación al trámite de revisión de constitucionalidad de la referencia, pues dada la transcendencia social de los comicios para la democracia colombiana, en especial ante la proximidad de las elecciones parlamentarias y presidenciales del año 2022”, señaló el ente de control
Precisamente, entre las revisiones que hizo el procurador auxiliar de asuntos constitucionales, Juan Sebastián Vega, está el control de constitucionalidad y el trámite que hubo en el Congreso, debido a que se trata de una reforma de acto legislativo. El ente de control señaló que todo el trámite se dio dentro de lo establecido por la ley y que no se encontró ningún vicio de forma.
Una de las dudas que se presentó tiene que ver con el llamado de sesiones extra que había hecho el presidente Duque para terminar de discutir el proyecto, por lo que el ente de control aclaró que la norma podía ser aprobada en sesiones extraordinarias como sucedió.
Ahora la decisión está en manos de los magistrados de la Corte Constitucional, que deberán analizar este y otros conceptos solicitados. Se espera que en los próximos meses pueda haber un pronunciamiento sobre esta iniciativa que no solo pretende modernizar el sistema electoral del país y las instituciones que la componen, sino brindar mayores garantías a la democracia. Se espera la decisión sobre si empieza a regir en 2022 o en las próximas elecciones regionales.