Esta semana revivió, y de qué forma, el lío por el multimillonario contrato para la expedición de visas y pasaportes en Colombia. Tras varias reuniones, versiones de parte y parte, y la reaparición de la multinacional Thomas Greg & Sons —que tuvo durante años el convenio— este viernes la Procuraduría General citó a una mesa de trabajo para buscar una salida definitiva.
El organismo de control disciplinario convocó una reunión en la sede del centro de Bogotá para el próximo martes 27 de agosto, a partir de las 3 de la tarde, a representantes tanto de la Cancillería como de la multinacional.
En la citación, la Procuraduría General señaló que atendiendo una petición de ambas partes se realizará un “acompañamiento con miras a definir una solución a las controversias legales que se han presentado, derivadas del desarrollo de la licitación de la referencia”.
Frente a esto, el procurador delegado con funciones mixtas para la conciliación administrativa manifestó su intención de “propiciar un acercamiento entre estas para buscar solución al conflicto presentado”.
“En dicha sesión se escuchará a las partes sobre los pormenores del conflicto a resolver y las fórmulas de arreglo que se proponen para solucionarlo”, señaló la Procuraduría.
En días recientes, la Procuraduría General hizo un fuerte llamado de atención por las demoras que se han presentado en este proceso licitatorio, advirtiendo que miles de personas se pueden ver afectadas.
Esto teniendo en cuenta que el próximo 2 de octubre finaliza el actual contrato para la impresión de los pasaportes. “Nosotros, al igual que el Canciller, estamos preocupados por el problema con el agendamiento de citas, iniciamos unas averiguaciones preventivas, estamos recogiendo información, y de acuerdo a las nuevas pruebas que vamos a practicar, que es ir a la Cancillería a vigilar el programa de agenciamientos, tomaremos las decisiones para un posible traslado disciplinario”, indicó la procuradora General, Margarita Cabello Blanco.
Thomas Greg presentó ante el Tribunal Administrativo una millonaria demanda por las irregularidades que se presentaron en la suspensión de la licitación.
En la acción judicial, radicada el pasado 19 de diciembre, se exige una reparación cercana a los 117.000 millones de pesos. En este caso, la magistrada ponente ya anunció una sentencia anticipada tras evaluar todas las pruebas documentales.
Por las presuntas irregularidades que se presentaron al suspender la licitación, la Procuraduría General le abrió un juicio disciplinario a Álvaro Leyva Durán. El sentido del fallo en primera instancia se emitirá en los próximos días.
Para el organismo de control disciplinario, el entonces Canciller habría incurrido en dos faltas disciplinarias por declarar desierta la licitación 001 de 2023, sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal.
En segundo lugar, Sala Disciplinaria de Instrucción advirtió que se habría presentado un error al decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación.
Por estos hechos, el 24 de enero se suspendió a Leyva de su cargo de manera provisional con el fin de evitar afectar el proceso de contratación que cursaba en la Cancillería, teniendo en cuenta el rol que tenía como ordenador del gasto del Ministerio.
La defensa de Leyva ha manifestado que se trata de una persecución política por su cercanía con el presidente Gustavo Petro. Por esto, presentó recusaciones y nulidades contra el procurador del caso y el proceso en sí por no contar con las garantías procesales.