La Procuraduría General de la Nación citó al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) por el proyecto de ampliación de la Autopista Norte de Bogotá.
La convocatoria al alcalde y a las autoridades del orden nacional se conoce dos semanas después de que esa vía registrara inundaciones que dejaron decenas de vehículos atrapados en medio del agua que frenó la movilidad en esa vía.
Precisamente, el organismo de control aseguró que esas tres autoridades tendrán que comparecer ante el despacho de cuenta de la emergencia que se presentó en la Autopista Norte y para hablar sobre lo que la instancia que dirige la procuradora Margarita Cabello describe como una necesidad de ampliar esa calle.
“Ante la emergencia registrada por la intensidad de las lluvias en la Autopista Norte y que abrió el debate de la urgente necesidad de priorizar la ampliación de la vía, la Procuraduría General de la Nación, preocupada por esta problemática, llamó al alcalde, Carlos Fernando Galán, y a las entidades responsables del proyecto de construcción a que expliquen los avances y planes que se tienen no solo para prevenir sucesos como el ocurrido, sino para la modernización del tramo vial”, sostuvo la Procuraduría en un comunicado.
La ampliación de la Autopista Norte, lo que implicaría utilizar terrenos de la Reserva van der Hammen, es uno de los asuntos que separa las posiciones de la Alcaldía de Bogotá con las del Gobierno nacional.
Por un lado, la administración de Galán está de acuerdo con que se ejecuten las obras para mejorar la movilidad en el norte de la capital; del otro, y con una visión totalmente opuesta a la del Distrito, el presidente Gustavo Petro considera que estas no deben efectuarse porque ponen en riesgo un ecosistema protegido, como lo es la zona de humedales que colinda esa vía.
El procurador delegado para Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos y Agrarios, Gustavo Guerrero, consideró que “no es justo que los usuarios de la troncal tengan que padecer diariamente problemas de movilidad y enormes trancones para salir o ingresar a la ciudad, por lo que se hace obligatorio una intervención inmediata por parte de las autoridades competentes”.
“Y es que a la caótica situación del tránsito vehicular que se vive en la importante vía se suma el de las lluvias, que cuando se presenta la temporada invernal causan graves y serios estragos a la altura del humedal Torca Guaymaral, tal como ocurrió semanas atrás cuando la ciudad colapsó por el desbordamiento de las aguas”, agregó la Procuraduría.
La movilidad en el norte de Bogotá es un asunto que genera diversos debates. Recientemente, el Consejo de Estado aceptó una demanda presentada por la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, en la que la funcionaria del Gobierno sostiene que es necesaria una respuesta de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca sobre la viabilidad ambiental de la ampliación de la avenida Boyacá que se haría entre las calles 183 y 235, y sirve como una estrategia para descongestionar la movilidad en el norte de la ciudad, otro punto que acentúa este debate entre el Gobierno nacional y la Alcaldía distrital.
Incluso, la Procuraduría se pronunció sobre esa providencia pidiendo que se niegue la solicitud de suspender la resolución que aprobó la licencia ambiental de ese proyecto en la avenida Boyacá, asegurando que cuando se otorgó la licencia ambiental se tuvo en cuenta la realización de obras para sustraer la zona de reserva.
La Procuraduría enfatizó que “teniendo en cuenta que se tiene proyectada la ampliación del corredor vial entre las calles 191 y 245 y cuyas obras se han visto retrasadas por la obtención de la licencia ambiental, el procurador delegado convocó a una reunión el próximo 19 de noviembre, en la que tendrán asiento, además del alcalde Galán, los directivos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y el gerente de la Concesión Ruta Bogotá Norte”.