Hace dos años la Procuraduría tomó la determinación de suspender del cargo e inhabilitar para ejercer funciones públicas a tres militares que, estarían comprometidos con la venta de información de inteligencia al llamado hacker Andrés Fernando Sepúlveda, que recientemente recuperó la libertad luego de pagar seis años y ocho meses de prisión, como responsable de las supuestas interceptaciones ilegales al proceso de paz durante el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y con la guerrilla de las Farc.
Un mayor y dos cabos fueron hallados responsables por la Procuraduría de entregar información de inteligencia, obtenida de una sala interceptaciones conocida como Andromeda, al hacker Sepúlveda a cambio de cuantiosos pagos.
Se trata del mayor Joany Alonso Guerrero, sancionado con una suspensión del cargo por el término de un mes y los cabos Luis Humberto Moreno y Carlos Alberto Betancour, a quienes la sanción fue mucho más dura, una inhabilidad para ejercer cargos públicos por el término de 10 años.
Los tres uniformados resultaron enredados, sancionados y ahora confirmados en segunda instancia por la Procuraduría, tras una investigación de SEMANA y que comprometió la fuga de información privilegiada o que estaba en poder de las Fuerzas Militares, pero que pasó a las manos del llamado hacker Andrés Fernando Sepúlveda a cambio de 100 millones de pesos.
La investigación de SEMANA reveló que los uniformados usaron la sala de interceptaciones que dispuso el Ejército para hacer seguimientos a posibles amenazas terroristas, pero que, según la información, se convirtió en la puerta de entrada para el hacker a detalles de procesos y datos que eran de uso exclusivo de las Fuerzas Militares.
La sala de interceptaciones fue ubicada en la parte posterior de un restaurante de comida corriente que funcionaba en completa normalidad en el sector de Galerías en Bogotá y que solo dejó de atender a sus clientes hasta que SEMANA reveló los detalles de esa fachada. Posteriormente fue la Fiscalía la que llegó al sitio y con el Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI adelantaron un allanamiento.
Al inicio de todo este descubrimiento se habló que, en esa sala de interceptaciones, con un restaurante como fachada, se estaba “chuzando” incluso a los negociadores de paz, finalmente lo que quedó claro fue un acuerdo comercial para el tráfico de información privilegiada entre los militares (cabos) investigados y el llamado hacker.
Al mayor Guerrero la Procuraduría le formuló pliego de cargos por un hecho particular, permitir que los uniformados a su cargo utilizaran los instrumentos del Estado para completar la venta de información que incluyó 100 correos electrónicos con sus respectivas claves de acceso.
“En su condición de comandante de la compañía C del batallón de inteligencia técnica número 3, encargada de llevar a cabo la operación Andrómeda en el periodo comprendido entre febrero 2013 y enero 2014 permitió que el personal a su cargo desarrollará utilizara y ofreciera en venta herramientas e información de carácter reservado para la seguridad nacional”, se lee en el fallo que derivó en la sanción de un mes para el mayor.
En el caso de los cabos, la Procuraduría fue más explícita con las funciones que desarrollaron y que en su criterio dejaron en riesgo la información que estaba sometida a reserva y a sus cargos, todo a cambio de una remuneración económica.
“Fungiendo como enlace entre la central de Inteligencia Técnica y el grupo de atención humanitaria al desmovilizado del Ministerio Defensa Nacional en el periodo comprendido entre febrero 2013 y marzo 2014 obtuvo de manera indebida información relacionada con la seguridad nacional recibiendo en provecho propio y de manera indirecta remuneración económica por la venta de la misma”, dice el fallo de primera instancia que dejó a los cabos del Ejército con una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 10 años.
La sanción fue apelada por las partes y dos años después la Procuraduría se vuelve a pronunciar, confirmado el fallo de un mes de suspensión del cargo para el mayor Guerrero y 10 años de inhabilidad para el cabo segundo Carlos Alberto Betancour.
Advierte la Procuraduría que contra esta decisión no quedan más recursos a los uniformados, es decir, disciplinariamente ya se encuentran sancionados y por lo menos en Colombia, no tienen más opción que respetar y acatar el fallo.