Tras los recientes actos violentos perpetrados por la banda criminal La Inmaculada en Tuluá, Valle del Cauca, que incluyen el asesinato de agentes de tránsito y la quema de varios vehículos, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, designó una comisión especial para abordar la situación en el municipio.
La comisión, encabezada por el procurador para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, tiene como objetivo verificar el impacto de la violencia en la comunidad y coordinar medidas para su control y prevención. Se prevé que la comisión se reúna con autoridades locales, incluida la gobernadora Dilian Francisca Toro y el alcalde Gustavo Adolfo Vélez, así como con representantes de la comunidad y comandantes regionales de Ejército y Policía.
Las autoridades no descartan que los asesinatos y los vehículos incinerados sean una represalia por la detención y traslado a Bogotá de Mauricio Marín Silva, también conocido como alias Nacho, quien se sospecha que lidera La Inmaculada, también conocida como La Oficina.
Según cifras del Mecanismo de Monitoreo de la Jurisdicción Especial para la Paz, Tuluá ha sido escenario de 245 hechos victimizantes entre 2020 y 2024, incluidos homicidios selectivos, tentativas de homicidio, amenazas, extorsiones y actos terroristas. Entre las víctimas se encuentran 30 jóvenes, 18 comerciantes y propietarios de tierra, 14 servidores públicos y 11 ciudadanos comunes. Además, se ha identificado un alto riesgo de que migrantes venezolanos, incluidos varios menores de edad, sean utilizados para cometer actos violentos.
El más reciente ataque en Tuluá fue el pasado 10 de febrero, cuando La Inmaculada atentó contra dos agentes de Tránsito, de los cuales uno murió y el otro permanece herido, según la gobernadora del Valle, Dilián Francisca Toro. Sumado al incendio de al menos seis vehículos.
La Procuraduría presentará un informe preventivo a las autoridades nacionales el próximo 20 de febrero, con el fin de plantear medidas concretas para abordar la crisis de seguridad en Tuluá y prevenir su expansión a otros municipios.
Procuraduría denuncia fallas de seguridad en cárcel de Tuluá
De otro lado, la comisión del Ministerio Público en Tuluá emitió un informe alarmante sobre la situación de seguridad en la cárcel municipal. Según la Comisión Especial de la Procuraduría, más del 70 % de las cámaras de videovigilancia en la prisión no están funcionando, a pesar de múltiples solicitudes a la Unidad de Servicios Penitenciarios (Uspec) para su reparación.
El procurador Javier Sarmiento también verificó que el muro que limita con el barrio La Inmaculada no tiene la altura suficiente para evitar el ingreso de armas, drogas, celulares y otros elementos prohibidos, lo que podría fomentar la actividad criminal dentro de la cárcel.
Además, la Comisión Especial encontró que el sistema contra incendios de la cárcel, que aún no ha sido reparado y puesto en funcionamiento, pone en peligro la vida de las más de 900 personas recluidas en el penal. Cabe recordar que hace un año y medio, un incendio devastador en esta misma prisión cobró la vida de más de 54 personas privadas de la libertad.
Ante estas graves fallas de seguridad, la Procuraduría instó a las autoridades competentes a tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad y protección de los internos y del personal penitenciario en la cárcel de Tuluá.