La procuradora general Margarita Cabello habló este jueves sobre la situación de Emilio Tapia y en general de la polémica por el escándalo de Centros Poblados. Y es que como SEMANA ha señalado, la Fiscalía avanza en las investigaciones y ya legalizó la captura de el excontratista Emilio Tapia, el representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque, y el vicepresidente de la corredora de seguros Rave, Juan José Laverde; se abren otros frentes de investigación que podrían llegar a políticos.
En primer lugar, Cabello no descarta que se pueda citar a la exministra Karen Abudinen, pero también señaló que Emilio Tapia, quien ha estado en el “ojo del huracán” tras el escándalo, debe dar las explicaciones a la justicia.
“En el proceso que ya está abierto en el de carrusel de la contratación, él estaba en domiciliaria y consideramos que independiente de las medidas que la Fiscalía toma contra él, hay que revocarle la detención porque es claro el incumplimiento de las decisiones judiciales. Estaremos actuando para efectos de garantizar las actuaciones procesales, pero debe acatar las acciones judiciales como todo los ciudadanos en el país. Deben darse todas las sanciones de un ciudadano que parece que está repitiendo una situación delictiva”, dijo Cabello.
Y agregó: “Iniciamos indagaciones contra funcionarios, investigación contra la ministra, acción popular para proteger los bienes del Estado, y estamos en el lado penal para que sean procesadas las personas vinculadas. Estamos solicitando documentaciones para determinar escuchar a Abudinen. Hay que llenar unos formatos que solicitamos al ministerio y luego la escucharemos. Ella tiene la opción de hacerlo voluntariamente, y hasta el momento no lo ha hecho”.
Sobre las investigaciones a otros funcionarios de MinTIC, Cabello confirmó a SEMANA que están a punto de iniciar juicio verbal, lo que implica que en tres meses podría tener resultados efectivos.
Una alta fuente confirmó que “algunos de los implicados están prestando colaboración. Hablan de políticos de la costa Caribe que habrían hecho lobby para que este contrato fuera asignado a Centros Poblados. Así mismo, también se vio cómo participaron en el debate de moción de censura contra la exministra de las TIC, Karen Abudinen, en la plenaria de la Cámara de Representantes”.
Aún no se conoce claramente hasta dónde llegarán las implicaciones de lo que digan los involucrados, lo que es claro es que el escándalo de Centros Poblados sigue creciendo como la espuma y habrá nuevos implicados.
En cuanto al proceso que se adelanta, y por el cual ya hay personas detenidas, en la audiencia de legalización de capturas, la Fiscalía enumeró las pruebas que tendría en contra de los ahora capturados y allí se incluyen declaraciones de quien se convirtió en testigo del ente acusador, un representante legal de la empresa que conformaba la unión temporal y que también tenía participación en la compañía que supuestamente iba a suministrar los equipos para el cumplimiento del contrato.