La Procuraduría absolvió el martes al rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), Jaime Alberto Leal Afanador, por los cargos que la Contraloría le había imputado por detrimento patrimonial en la creación y funcionamiento de la sede en Florida (Estados Unidos). En octubre del año pasado la Contraloría General reveló que esta institución había usado 6.000 millones de pesos de recursos públicos para crear esa sede y que además había destinado 290 millones más en viáticos y comisiones del rector y funcionarios. Esas denuncias generaron una fuerte polémica que casi le cuesta la reelección a Afanador. Ayer, la Procuraduría Delegada para la Hacienda y la Economía Publica falló que no hubo “conductas relevantes que llevaran a edificar un cargo disciplinario por la creación y funcionamiento de la UNAD en Florida, ni una trasgresión a los límites de la autonomía universitaria frente a las manifestaciones del derecho a la educación y su consecuente regulación”. En otras palabras, exoneró al rector y a la gerente administrativa, Nancy Rodríguez Mateus. También señaló que el detrimento patrimonial imputado por la Contraloría tampoco tiene apoyo, pues los dineros recibidos por Afanador y Mateus “estaban sustentados en actividades misionales de la UNAD, no se trataba de traslados de carácter personal o para atender trámites meramente administrativos, eran actividades de representación o consecución de recursos” Además de ponerle punto final al caso de la UNAD Florida, la Procuraduría invitó a la Contraloría a explicar por qué cambió de posición respecto a la creación la sede en Florida. Según el Ministerio Público, desde el 2004 los informes realizados por ese ente de control sobre las vigencias fiscales de la UNAD avalaron la fundación de la sede en Estados Unidos, lo que no explica por qué en la investigación realizada en el 2014 se llegó a una conclusión opuesta. Para la Procuraduría, esta es una actuación que compromete la buena fe y la confianza legítima. En su momento, la asesora jurídica de la universidad, Ángela Melo, explicó que la Contraloría había acusado a la universidad y a sus directivos no sólo contradiciendo sus actuaciones anteriores, sino sin haber oído las explicaciones de los supuestos responsables. “Ningún proceso de investigación fiscal hace automáticamente culpables al rector y a los demás directivos, más cuando está claro que la sede en Florida es de la UNAD, sin ánimo de lucro y no tiene dueños particulares. Por tanto, ese dinero no puede ser considerado detrimento patrimonial”. Posición que fue ratificada ayer por la Procuraduría. Falta esperar si la Contraloría, tras este revés, apelará el fallo.