La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra Juan José Duque Liscano, entonces gerente del Fondo Colombia en Paz, por presuntas irregularidades en contratos para programas de sistemas y gestión documental para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Los contratos en cuestión incluyen uno con Servisoft S.A., por más de $ 5.300 millones para gestión documental y servicios conexos, y otro con Softplan Sistemas de Colombia por más de $ 9.000 millones para el diseño, implementación, licenciamiento y soporte técnico del sistema de gestión judicial de la JEP.
La Procuraduría argumentó que las propuestas de las empresas no cumplían con todos los requisitos, presentando “deficiencias e inexactitudes” que no pudieron ser aclaradas, motivo por el cual dichas propuestas debieron haber sido rechazadas.
A pesar de estas falencias, Duque Liscano habría aceptado las ofertas y celebrado los contratos, comprometiendo a la entidad con propuestas que no ofrecían la credibilidad necesaria para su ejecución.
“Las propuestas presentadas por estas empresas no abarcaban la totalidad de los requisitos exigidos, presentaron deficiencias e inexactitudes que no podían ser aclaradas y que impedían compararlas y las cuales constituían causal de rechazo”, determinó el Ministerio Público.
Y agregó: “A pesar de las falencias presentadas, el investigado habría aceptado las ofertas y celebró los contratos, comprometiendo a la entidad con unas propuestas que no aportaban la credibilidad debida para la ejecución de la necesidad contratada”.
La Procuraduría sostuvo que, en su calidad de apoderado general del patrimonio autónomo del Fondo Colombia en Paz, Duque Liscano tenía la obligación de verificar y asegurar que se cumplieran las condiciones de las convocatorias. La conducta se ha calificado provisionalmente como gravísima a título de culpa grave.
Indagación por irregularidades en liquidación del PGN 2024
Por otro lado, este lunes, 26 de febrero, la Procuraduría General también anunció la apertura de una indagación previa contra funcionarios del Ministerio de Hacienda debido a presuntas irregularidades en la expedición del decreto que liquidó el Presupuesto General de la Nación para el año fiscal 2024.
Según la Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, se han encontrado indicios de posibles anomalías en el detalle de las apropiaciones y en la clasificación de gastos por un monto cercano a los $ 13 billones. Se investigará si hubo omisiones en el proceso y por qué no se incluyeron modificaciones realizadas durante el proceso legislativo.
“El Ministerio Público busca definir si hubo omisiones al surtir el proceso como dicta la normativa y se pasó por alto incorporar las modificaciones realizadas durante el proceso legislativo, así como las razones por las que inicialmente no hubo claridad en la destinación de los recursos de inversión”, informó el órgano de control.
Además, se revisará el Decreto 2295 de 2023, que contenía los gastos presupuestados para 2024, y la fusión de dos documentos técnicos y normativos en uno solo, posiblemente contraviniendo el Estatuto Orgánico de Presupuesto, que establece la emisión por separado de estos documentos.
La Procuraduría también indagará sobre la omisión de gestionar un acta por parte del encargado de la secretaría técnica del Consejo de Ministros, lo que habría provocado la pérdida de conclusiones y su elaboración tardía.
Se han ordenado pruebas para identificar a los sujetos involucrados, determinar la ocurrencia de conductas irregulares, definir si constituyen faltas disciplinarias y verificar si se actuó bajo una causal de exclusión de responsabilidad.