Al director de la Unidad de Salud de la caja de compensación familiar Compensar, para el año 2020, Andrés Barragán Tobar, la Procuraduría General le formuló pliego de cargos por presuntamente incurrir en el uso indebido de recursos parafiscales del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
En el pliego de cargos se señala que el funcionario habría dado órdenes directas para cancelar obligaciones por concepto de multas, sanciones y litigios de Compensar.
En la decisión, firmada por la procuradora delegada para la Economía y Hacienda Pública se reseña que en el año 2020 el funcionario habría utilizado rentas de destinación específica por más de 100 millones de pesos.
Con esta acción pudo haber incurrido en una falta disciplinaria al omitir su deber de administrar adecuadamente el dinero público y no hacer los pagos con el de la Entidad Prestadora de Salud (EPS) para la que trabajaba.
El organismo de control disciplinario advirtió que, con su conducta, Barragán Tobar pudo faltar a los principios de responsabilidad, eficiencia y economía al hacer pagos con recursos ajenos al patrimonio de la caja, los cuales además debían destinarse siempre y únicamente a la prestación del Plan de Salud Obligatorio de sus afiliados.
De manera provisional, la Procuraduría General calificó la presunta falta del director de la Unidad de Salud como falta gravísima a título de culpa grave.
Lo que sigue en este proceso es la realización de las pruebas documentales y testimoniales en el juicio disciplinario. De ser probada la teoría del caso de la Procuraduría, el funcionario judicial se expone a una sanción consistente en destitución e inhabilidad de 20 años de inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos.
El caso Palacino
En la semana que transcurrió finalizó el extenso juicio contra el expresidente de la EPS SaludCoop, Carlos Augusto Palacino Antía, por presuntamente incurrir en maniobras para engañar el sistema de recobros del sistema de salud en el país, recibiendo dinero por parte del Fondo de Seguridad y Garantías (Fosyga) por servicios que nunca se prestaron, así como la atención de pacientes inexistente y la entrega de medicamentos que nunca se hizo.
Mientras que la Fiscalía General pidió su condena por los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento público y fraude procesal la Procuraduría General determinó que no se comprobó la teoría de la acusación por lo que pidió fallo absolutorio.
En abril de 2022, Palacino fue condenado a diez años de prisión por su responsabilidad en los delitos de fraude procesal, estafa y falsedad en documento privado.
En 2010, Palacino fue retirado de su cargo luego de que la Superintendencia de Salud interviniera el sistema y se identificara un desfalco de 1,4 billones de pesos, según la Contraloría. La apropiación indebida de recursos provenientes de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) y rentas parafiscales se habría realizado entre los años 2000 y 2004. Según el ente investigador, este se calcula en 40.000 millones de pesos, lo que a 31 de diciembre de 2017 asciende a los 770.000 millones.
En las cuentas del ente de control está que los 7.000 afiliados de entonces terminaron pagando inversiones nacionales, inversiones en el exterior (México y Ecuador), adquisición de planta y equipo (activos fijos), inversiones permanentes, préstamos a socios y trabajadores y pago de deudas.
Por estos hechos de corrupción, en 2012 la Procuraduría General le impuso la máxima sanción disciplinaria de 20 años para ocupar cargos públicos y contratar con el Estado. Esto por utilizar de manera indebida los recursos públicos de la salud.