La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exgobernador de Arauca José Facundo Castillo Cisneros, por posibles irregularidades en un contrato de más de cuatro mil millones de pesos para la entrega de 33.437 ayudas alimentarias para la atención de la población afectada por la emergencia sanitaria de covid-19.
El pliego de cargos también cobija a los secretarios de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Luis Medardo Tovar Altuna, y de Desarrollo Social, Carolina Muriel Zea, respectivamente, quienes durante la etapa precontractual habrían suscrito uno de los documentos que sirvieron como fundamento para establecer el cuestionado presupuesto del contrato.
La Procuraduría señaló: “En los documentos precontractuales, que sirvieron como base para establecer el presupuesto, no se habrían utilizado las cotizaciones más económicas ni se habría realizado el análisis del costo de transporte y logística, ya que el valor establecido por kit se realizó de forma global, sin atender las verdaderas necesidades y costos de estos”.
Además, el Ministerio Público señaló que solo en la ejecución final y liquidación del contrato, la cual se efectuó una vez la Contraloría emitió informe sobre el sobrecosto encontrado, se ajustaron los valores finales a cancelar. De acuerdo con la Contraloría General, los sobrecostos del contrato superan los 620 millones de pesos.
Para la Procuraduría, las conductas reprochadas fueron calificadas provisionalmente como gravísimas a título de culpa gravísima.
Los líos penales del exgobernador Facundo Castillo
En agosto pasado, la Fiscalía acusó ante la Corte Suprema de Justicia al exgobernador Facundo Castillo por la presunta celebración indebida de contratos que, en teoría, tenían el objetivo de atender la emergencia del covid-19, pero que habrían terminado en un entramado de corrupción.
“La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exgobernador de Arauca José Facundo Castillo Cisneros como presunto responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en grado de tentativa”, explicó la Fiscalía al información sobre la acusación.
“Según la investigación, el exmandatario habría realizado actos tendientes a favorecer a una sola empresa con un contrato por 4.463 millones de pesos, cuyo objetivo era realizar la logística, el suministro y la entrega de kits de ayuda alimentaria a la población afectada por la emergencia sanitaria del covid-19″, señaló la Fiscalía.
Otro capítulo que investigó la Fiscalía y que hace parte de las indagaciones que cursan en contra del exgobernador Castillo, tienen que ver con sus presuntos vínculos con el ELN en esa zona del país y cómo muchos de los contratos que fueron entregados a dedo a empresas fachadas terminaban en los bolsillos de esa organización criminal.