Debido al incremento de extorsión en las cárceles de Colombia, la Procuraduría General de la Nación le solicitó al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, al Inpec y Gaula, entre otras entidades, a activar mecanismos que permitan disminuir este tipo de delitos.
Por tal motivo, Javier Sarmiento, procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, expresó su preocupación por esta situación que se vive en los centros carcelarios.
“Hemos conocido por información de los gobernadores, alcaldes y la ciudadanía que se han disparado estas llamadas extorsivas desde distintos centros penitenciarios”, manifestó el procurador.
Durante una mesa de trabajo en donde estuvieron presentes funcionarios de la Fiscalía General, Agencia del Espectro, Comisión Nacional de Regulación, Policía Nacional, Mintic y gremios de la telefonía celular como Andesco, se amplió el panorama de la magnitud de lo que puede llegar a representar este flagelo que con el paso de los días tomas más presencia.
De acuerdo con la Procuraduría, “la gran mayoría de los establecimientos carcelarios, los inhibidores de señales telefónicas están fuera de servicio, lo que abre la puerta al accionar de la criminalidad”.
A pesar de que las autoridades competentes han hecho todo lo posible para contrarrestar este flagelo, la delincuencia sigue encontrando mecanismos para continuar extorsionando desde los centros penitenciarios. En la actualidad se han registrado un total de 3.130 víctimas.
Según la entidad, los delincuentes innovan, ya que utilizan nuevas tecnologías, como, por ejemplo, tarjetas E-Sim y las plataformas financieras digitales para el traslado de recursos financieros productos de la extorsión.
“La situación empeora la cadena de criminalidad con el hacinamiento que se viene dando no solo en cárceles, sino también en las URI y estaciones de Policía”, manifestó el procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento.
El funcionario también le solicitó a las autoridades a realizar un diagnóstico en las 126 cárceles de Colombia, con el propósito de conocer el estado actual de los elementos tecnológicos de control de ingreso y establecer las necesidades de fortalecimiento.
Cabe mencionar que el Ministerio de Justicia decidió extender hasta el 31 de octubre el contrato para el suministro de kits alimenticios a las personas privadas de la libertad. Esta medida responde a la advertencia del ente de control sobre las graves violaciones a los derechos de aproximadamente 14.529 internos recluidos en estaciones de Policía a nivel nacional, quienes recibían su alimentación a través de la Unidad de Servicios Penitenciarios (Uspec).
La Circular 001 de 2023 emitida el Ministerio Público, instó al Gobierno nacional, gobernadores y alcaldes a informar sobre las alternativas y estrategias para garantizar el servicio de alimentación en las estaciones policiales. En respuesta a estas exigencias, el Ministerio de Justicia aseguró que se mantendrá el suministro de alimentos por parte de la Uspec hasta el 31 de octubre de 2023 en aquellos lugares donde el servicio ya se venía prestando.
Además, se tiene previsto dotar a la Uspec de funciones transitorias a través de una iniciativa legislativa, permitiéndole continuar ofreciendo el servicio de alimentación para sindicados hasta el 30 de junio de 2024, “fecha en la cual los entes territoriales deberán asumir este servicio en todo el país”.
De acuerdo con el órgano de control, las agremiaciones de municipios y departamentos también se comprometieron a trabajar con sus afiliados para generar conciencia entre los mandatarios locales sobre la importancia de abordar esta problemática y establecer las obligaciones que los nuevos gobernantes deberán asumir.
La Procuraduría General de la Nación, tras destacar la respuesta inmediata del Gobierno, reafirmó su compromiso de vigilar el proceso que garantice los derechos de las personas privadas de la libertad.
Precisamente, sobre este tema, la Defensoría del Pueblo celebró el acuerdo alcanzado para evitar la interrupción del servicio de alimentación en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) en Colombia.
“Con este acuerdo se garantiza la prestación del servicio de alimentación en los centros de detención transitoria. Desde la Defensoría del Pueblo esperamos que se mantenga el ánimo constructivo de la mesa para que el acuerdo se cumpla a cabalidad y se garantice el derecho al mínimo vital de alimentación para los privados de la libertad, que están en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata”, señaló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, tras la determinación de la Uspec, que suministra la alimentación al 75 % de los detenidos en estos centros.