La Procuraduría General de la Nación inició una investigación contra el patrullero de la Policía de Bogotá y miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), Luis Eduardo Amaya Martínez, por supuesto abuso de sus funciones durante las manifestaciones del 28 de junio de 2021.
La investigación del Ministerio Público se basa en una denuncia presentada por la periodista María Fernanda Hernández, quien alega que el agente de policía la agredió físicamente utilizando su escudo, después de que ella le reclamara por haber arrojado su teléfono celular durante el desarrollo de las protestas en Bogotá.
La Procuraduría Segunda Distrital se encuentra en proceso de esclarecer los acontecimientos ocurridos en horas de la noche en el sector de Chicalá, sur de la ciudad. La investigación busca determinar si el patrullero en cuestión empleó fuerza excesiva contra la denunciante. Para ello, se han dispuesto pruebas pertinentes que están siendo investigadas en detalle.
Defensoría y Federación de Periodistas unen esfuerzos para proteger la libertad de expresión
De otro lado, la Defensoría del Pueblo, a través de su Delegada para la Protección de Derechos en Ambientes Digitales y la Libertad de Expresión, está intensificando sus acciones para garantizar los derechos humanos en el ámbito virtual.
En este sentido, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, sostuvo una reunión con Jorge Velásquez, presidente de la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper), para abordar las situaciones de riesgo que enfrentan quienes difunden contenidos en plataformas digitales, sin importar si son periodistas profesionales o no.
Ambos coincidieron en la necesidad de tomar medidas preventivas concretas para proteger los derechos humanos de aquellos que se dedican a este ejercicio, especialmente de cara a las próximas elecciones. Ejemplos recientes, como el asesinato de un administrador de una página de contenidos en Ciénaga de Oro, departamento de Córdoba, han evidenciado los riesgos a los que se enfrentan.
Otro caso preocupante es el asesinato del periodista y director del medio de comunicación Voces de Córdoba, Rafael Moreno, en Montelíbano, también en Córdoba. Para esta zona, se ha emitido la alerta temprana 054-19, que cubre Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré.
De igual forma, el caso de las periodistas Vicky Dávila, Camila Zuluaga Suárez, María Jimena Duzán y Claudia Gurisatti, entre otras, que han sido víctimas de ataques en línea por sus posturas o contenidos en plataformas digitales.
Por todo esto y de cara a los comicios regionales que se celebrarán en octubre de este año, la Defensoría del Pueblo ha venido advirtiendo sobre la ocurrencia de hechos violentos que puedan afectar las elecciones del próximo 29 de octubre. Desde la entrada en vigencia del Decreto 2124 en 2017, se han emitido más de 270 alertas tempranas.
Atendiendo las preocupaciones de los periodistas y comunicadores, expresadas a través de Fecolper, el defensor Carlos Camargo manifestó su compromiso con la importancia de la Delegada para la Protección de Derechos en Ambientes Digitales y la Libertad de Expresión, así como con el Sistema de Alertas Tempranas y el trabajo preventivo que se está realizando de cara a las elecciones.
“Por supuesto que acatamos su sugerencia (de Fecolper) de incluir a periodistas y comunicadores en los procesos de monitoreo de escenarios de riesgo. Empezaremos en zona de frontera, en el marco del proyecto de cooperación con el Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector de la Seguridad. Seguimos trabajando sin descanso por la protección de la libertad de expresión en todos los ámbitos”, aseguró Camargo Assis.
El inicio de esta articulación se llevará a cabo en las zonas fronterizas debido a que se han identificado riesgos de seguridad para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, especialmente en las regiones limítrofes entre Colombia y Ecuador, donde hay presencia de grupos armados de narcotráfico y flujos migratorios. “El objetivo es expandir y tener un impacto progresivo en todas las regiones del país”, puntualizó el defensor del Pueblo.