Continúa la novela por los refrigerios en Bogotá. A seis meses de que termine la gestión del secretario de Educación de la capital, Óscar Sánchez, y mientras planifica y ejecuta algunas de las políticas de esa secretaría, ahora también tendrá que responder ante la Procuraduría General y la Personería de Bogotá por presuntas irregularidades en un contrato suscrito para el suministro de los refrigerios de 600.000 niños en los colegios públicos del Distrito. La solicitud de investigación disciplinaria llegó a los dos entes de control tras un debate en el Concejo de Bogotá. Ante los organismos de control el cabildante de Cambio Radical Roberto Hinestrosa denunció al secretario por presuntas irregularidades. El tema no es menor, ya que de por medio están el bienestar y la salud de niños y jóvenes y un presunto detrimento por 33.000 millones de pesos en el suministro de refrigerios. A decir del concejal, en la celebración del convenio administrativo 1985 del 2015 entre la Secretaría de Educación y la empresa Plaza Mayor -de Medellín-, se violó el régimen de contratación. Es decir, no hubo licitación pública. Además piden investigar si una firma dedicada a la realización de eventos y la logística puede contratar el suministro de alimentos, ya que no es su objeto social. “A nuestro juicio, no existe relación directa entre el objeto del contrato y el objeto social de Plaza Mayor”, señaló Hinestrosa. Otro de los cuestionamientos al contrato es que la empresa encargada de entregar los refrigerios habría subcontratado a la empresa Nutrir de Colombia S. A. S para que esta entregara los alimentos. La misma también subcontrató a otras entidades. En la queja se lee que es permitida la subcontratación, pero no en la totalidad del convenio. Cosa que, dijo el concejal, sucedió y se habría puesto “en riesgo la estabilidad de la política alimentaria en Bogotá ya que no hay contratos a mediano y largo plazo y el suministro de refrigerios puede caer en manos del cartel de los refrigerios”. Secretario responde Tras las denuncias, el secretario de Educación, Óscar Sánchez, consideró que la queja es una más de las decenas que le han interpuesto ante los organismos de control. “Yo no tengo temor de que se abran investigaciones, sí debo decir que no todos los organismos de control tienen independencia política”. Frente al contrato con Plaza Mayor, el funcionario aseguró que en el pasado esta empresa sí ha contratado alimentos, incluso con el Estado, y por ende no es cierto que la misma esté sólo dedicada al tema logístico y de comunicaciones. Además entregó el documento que certifica que el contrato tuvo interventoría. Todos esos argumentos los presentará en la Procuraduría para que no se abra la investigación. Según Sánchez, lo que les ha incomodado a los contratistas es que el Distrito contratara por pocos días el suministro de alimentos a Plaza Mayor. “Es que no les gustó que tuviéramos un ‘plan B’. (….) Logramos ese acuerdo y eso generó dolor entre los que quieren someter a los funcionarios a sus condiciones. No estamos aquí como funcionarios para defender los intereses de los contratistas”. Los organismos de control determinarán si existieron irregularidades en los contratos y si le cabe alguna responsabilidad a Sánchez.