Arrancó formalmente el juicio disciplinario contra el suspendido canciller Álvaro Leyva Durán por la polémica licitación para la emisión de pasaportes en Colombia. Esto, después de que el procurador Ernesto Espinosa rechazara la petición de levantar la suspensión disciplinaria que pesa en contra del hoy suspendido ministro de Relaciones Exteriores.
En su explicación, el procurador delegado aseguró: “Ante la ausencia del disciplinado, no podemos preguntar si confiesa o no; sin embargo, le anticipo que en el tránsito del proceso es deseo del disciplinado rendir versión libre. El despacho está listo para escucharlo”.
Lo anterior, teniendo en cuenta que Leyva no se ha hecho presente en las diligencias. A mediados del mes de febrero, la defensa del canciller había presentado la recusación contra el procurador, argumentando “enemistad grave”.
Frente a la decisión de negar el levantamiento de la suspensión provisional, el abogado de Leyva, Yefferson Dueñas, indicó: “Acatamos la decisión del Ministerio Público. Consideramos que no están dados los elementos para mantener la medida provisional, pero son decisiones que respetamos y ya veremos qué caminos seguiremos”.
El canciller Leyva está suspendido de sus funciones desde el pasado 24 de enero, cuando la Procuraduría determinó que su permanencia en el cargo podría representar una reiteración de la falta disciplinaria por la que está siendo investigado, tras declarar desierto el proceso de licitación para el millonario contrato de pasaportes.
En el pliego de cargos se advierte una extralimitación en el cumplimiento de sus funciones, al no adjudicar el contrato a la multinacional Thomas Greg & Sons. Igualmente, se le cuestionó por decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual, sin que –presuntamente– existieran razones suficientes para tomar esa decisión.
La Procuraduría explicó que Leyva “habría incurrido en dos faltas disciplinarias, calificadas de manera provisional como gravísimas cometidas a título de dolo”.
Por este mismo caso, estuvo bajo investigación José Antonio Salazar, el entonces secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, a quien el organismo de control le archivó el proceso. Salazar después estuvo inmerso en un rifirrafe con el propio presidente Petro, quien lo llamó traicionero y lo declaró insubsistente, después de que en los últimos días adjudicara la nueva licitación de los pasaportes a Thomas Greg.
En las últimas horas, el canciller encargado Luis Gilberto Murillo, quien llegó a reemplazar al suspendido ministro Leyva, confirmó que el Gobierno no va a firmar dicha adjudicación porque el contrato se habría generado en situaciones irregulares. El caso ya está en manos de la Agencia Jurídica del Estado, la Oficina Jurídica de Presidencia y Colombia Compra Eficiente, para que las tres evalúen una estrategia frente a la situación.
Álvaro Leyva Durán seguirá fuera de la Cancillería, al concluir que continúa el riesgo, pues hasta la fecha no se ha adjudicado el contrato de los pasaportes, por lo que el ministro sigue teniendo una influencia constante en todo este proceso de licitación.
“Los motivos, los fundamentos fácticos, las razones, los argumentos que expuso la Sala de Instrucción el 24 de enero, hoy siguen iguales, no han desaparecido, en el proceso contractual siguen. Esto es, la licitación del contrato fue cancelada por ser declarada desierta, una licitación en desarrollo y un contrato ejecutado mediante contratación directa. Ese es el panorama que tenemos hoy 6 de marzo, no han variado, no han sido superados”, precisó el procurador al hacer referencia al estado de los contratos.
Para el procurador, de volver al cargo, Leyva podría afectar todo el proceso. “Al no haber desaparecido, pues no se podrá revocar medida de suspensión provisional”.