Otro capítulo se empieza a escribir en medio del meollo para la entrega del multimillonario contrato para la expedición de visas y pasaportes. La Cancillería define, entre la polémica y señalamientos de corrupción, el paso a seguir para la apertura del segundo proceso licitatorio.
Igualmente, evalúa -en su Comité de Conciliación- si presenta una posición formal o pide un aplazamiento frente a la billonaria demanda que presentó la multinacional Thomas Greg & Sons, reclamando por las irregularidades que se presentaron cuando se declaró desierto el proceso licitatorio.
En medio de este dilema, la Procuraduría General le envió una nueva misiva en la que le advierte a la Cancillería la necesidad de informar la designación de un nuevo apoderado para el proceso de conciliación frente a la audiencia que está programada para el 15 de diciembre, esto tras la renuncia del abogado Germán Calderón España, que tenía estas facultades.
De no haber una designación a pocas horas de la crucial diligencia, entonces se entenderá que el representante legal de la Cancillería será el encargado de presentarse. La Procuraduría General también pidió copia de la decisión tomada por los integrantes del Comité de Conciliación y la postura que asumirán de cara a la audiencia.
El canciller Álvaro Leyva Durán ya sentó su postura y considera que no se debe conciliar con la multinacional, que sea dicho de paso, llevaba décadas con el contrato. Esta posición llevaría al proceso que terminaría adjudicando directamente el contrato. Por el contrario, cree que se debe alistar una nueva licitación, con el fin de que exista más competencia entre los proponentes.
La renuncia de Calderón España
Este jueves 14 de diciembre, se conoció la carta por medio de la cual el abogado Germán Calderón España solicitó la terminación bilateral y de mutuo acuerdo del contrato de prestación de servicios de asesoría, por el cual se encontraba vinculado a la entidad.
Llama la atención que la renuncia de Calderón viene acompañada de una advertencia sobre los riesgos que implica no conciliar con Thomas Greg & Sons, en línea con la opinión de Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
“Quiero reiterar mi posición sobre el particular debate jurídico, en tanto el mismo representa un alto riesgo de detrimento patrimonial futuro en atención a las circunstancias modales que lo rodean, entre ellas, los conceptos de la Agencia Nacional de Defensa jurídica del Estado, de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría Delegada para la Función Pública Preventiva, no obstante, los actos administrativos acusados están impresos bajo el principio de presunción de legalidad y están conforme a reglas constitucionales y contractuales vigentes en Colombia”, dijo el abogado.
Finalmente, Calderón asegura que no cobrará “remuneración alguna”, ni por la asesoría contractual, ni por el apoderamiento que ejerció en el Comité de Conciliación el pasado 24 de noviembre y en la audiencia de conciliación del 30 del mismo mes.