La Procuraduría General de la Nación le solicitó al ministro del Interior, Alfonso Prada, un informe acerca de los recursos asignados al pueblo indígena nukak, ya que, de acuerdo con la delegada de Asuntos Étnicos del Ministerio Público, “se evidenció un abandono de las políticas estatales”. Hecho que habría quedado al descubierto durante un recorrido que realizó por los asentamientos en el departamento del Guaviare.
De acuerdo con la funcionaria de la Procuraduría General, son difíciles las condiciones en las que sobreviven los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, además de la poca posibilidad de suplir sus necesidades básicas.
Todo parece indicar que el presupuesto asignado a los nukak, presuntamente, “estaría congelado por una supuesta falta de Gobierno”. Según información recibida por la Procuraduría General, el monto sería aproximadamente por 15.000 mil millones de pesos de parte del Sistema General de Participación.
“Teniendo en cuenta las condiciones en la que viven estas comunidades, el ente de control pidió al ministro responder si tiene conocimiento de estos recursos y, si es así, informar la forma como han sido invertidos, pero si no existe a la fecha dineros dispuestos para estos, entonces solicitó determinar las acciones a tomar al respecto”, indicó el órgano de control por medio de un comunicado.
Procuraduría requirió información sobre PAE en La Guajira
Entretanto, la Procuraduría Regional de Instrucción de La Guajira requirió información sobre las acciones ejecutadas para garantizar la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante 2023 en el departamento.
El requerimiento fue hecho a la Gobernación del departamento, así como a las alcaldías de Riohacha, Uribia y Maicao, “con el propósito de verificar el estado del proceso de contratación y conocer los operadores que prestarán el servicio en sus respectivas jurisdicciones asignadas”.
De igual forma, el Ministerio Público también solicitó informar si las gestiones adelantadas garantizan el suministro de las raciones desde el primer día de clases y durante todo el calendario escolar.
En el caso de la Gobernación de La Guajira, indicó el ente de control, la información requerida se refiere a los municipios no certificados, cuya contratación depende directamente de esa entidad territorial, detalló que son La Jagua del Pilar, Urumita, Villanueva, El Molino, San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hato Nuevo, Albania, Dibulla y Manaure.
Vigilancia sobre subasta que adelantará MinTIC
Tras el escándalo desatado por el contrato entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados, en la que la Unión Temporal presentó garantías bancarias falsas para obtener un adelanto de 70 mil millones de pesos, la Procuraduría General le puso la lupa al proceso que adelantará este año el MinTIC para subastar el uso del espectro radioelectrónico 5G, con el que el Gobierno busca cerrar la brecha digital en el país.
Como parte de las funciones preventivas, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública determinó que es pertinente realizar un seguimiento a la licitación de la red 5G con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso para que se cumplan los requisitos competentes a la Ley de tecnologías y comunicaciones.
Por otro lado, la Procuraduría también instó al Ministerio a entregar la documentación para determinar la ruta de acción para el Plan Integral de Expansión de Conectividad Digital, así como de los servicios 5G. De igual forma, criterios y condiciones de la contraprestación económica por el uso del espectro.
“El ente de control, en el marco de sus funciones preventivas, ejercerá especial vigilancia al proceso licitatorio del que se espera traerá beneficios para los colombianos en planes de conectividad y telefonía celular con tecnología de punta”, señaló.