La Procuraduría General exhortó al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) para que amplíe el plazo de presentación de ofertas que vence en el próximo 17 de septiembre. Uno de los proyectos más cuestionados a la Alcaldía de Claudia López y el cual ha sido debate fijo en todos los debates de los candidatos.
Durante una mesa de trabajo con funcionarios del Instituto el Ministerio Público repasó puntos necesarios como el avance de la elaboración de los estudios y diseños del proyecto, la gestión predial, aprovechamiento y administración del espacio público, matriz de riesgos y las principales observaciones de los interesados a las licitaciones, entre otros.
“Hemos recomendado a la entidad que se amplié el plazo para la recepción de propuestas, lo que permitirá a los interesados en las tres licitaciones que componen el Corredor Verde, analizar con mayor detenimiento las modificaciones realizadas por el IDU en la Adenda”, expresó Gabriel del Toro, Procurador Primero Delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública.
Para el ente de control disciplinario, es de vital importancia, que, en un proceso licitatorio de esta envergadura e importancia estratégica para Bogotá, se otorguen plazos razonables que faciliten la confección de propuestas serias y se garantice la pluralidad de oferentes.
En la mesa de trabajo también se trató el tema del aprovechamiento y administración de los nuevos espacios públicos que pretende generar el proyecto, tema en el que el IDU manifestó que trabajan en alternativas que garanticen el mantenimiento de estas zonas.
En el encuentro se revisaron los estudios y diseños urbanísticos que se entregaran a los futuros contratistas, la gestión con respecto de los predios de Patrimonio de la Nación como el Museo del Chico y las acciones judiciales que se han iniciado en contra del proyecto.
El pasado 6 de septiembre, el Juzgado 35 Administrativo del Circuito de Bogotá admitió una acción popular presentada por los ciudadanos Diego Escallón Arango y Juan Esteban Matallana en contra de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto de Desarrollo Urbano por el proyecto corredor verde carrera Séptima.
La acción popular se basa en la presunta amenaza a los derechos colectivos a la moralidad administrativa, el patrimonio público, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público.
En el proceso, que se adelanta bajo el radicado No. 20230027300, los demandantes argumentan que la Alcaldía y el IDU desconocieron la buena fe y la confianza de los ciudadanos al abrir las licitaciones para la obra del corredor verde, porque, según ellos, el proyecto es sustancialmente idéntico al TransMilenio por la carrera Séptima, que la alcaldesa López había prometido no realizar durante la campaña electoral.
Además, los demandantes, señalan que esto contraviene el artículo 105 del Plan Distrital de Desarrollo, que prohíbe expresamente la construcción de una troncal de TransMilenio por la Séptima, y alegan los demandantes que no se estructuró con participación incidente, como también lo dispone esta norma.
Uno de los aspectos clave de la acción popular presentada por los demandantes, es la falta de estudios y diseños necesarios para la contratación de las obras del Corredor Verde. Los accionantes argumentan que las tres consultorías contratadas para este propósito no han entregado sus productos, la mayoría de los cuales carecen de la aprobación, tanto de las interventorías como de las Empresas de Servicios Públicos.
El IDU y la alcaldía, como entidades responsables del proyecto, deberán responder a las acusaciones y presentar sus argumentos en el proceso legal. Este caso marca un hito importante en el debate sobre el desarrollo urbano en Bogotá y su impacto en los derechos colectivos de los ciudadanos.
Es de mencionar que a principios de agosto, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) publicó en el Secop II, las resoluciones que dan apertura a la licitación del corredor verde de la carrera Séptima en Bogotá, a pesar de los fuertes cuestionamientos que ha recibido la iniciativa, en especial, por la eliminación del tráfico mixto, de norte a sur.
De acuerdo con el cronograma establecido, la administración de la alcaldesa Claudia López buscará hacer la adjudicación oficial de la obra el próximo 27 de octubre.