Esta semana la investigación contra el senador Iván Name y el representante a la Cámara Andrés Calle, ha tenido bastantes movidas en la Corte Suprema de Justicia, después de que el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, rindiera versión sobre los hechos de corrupción en los que se habrían visto implicados los expresidentes del Congreso de la República.
En medio de los avances que ha tenido esa investigación, SEMANA conoció un documento que le envío directamente la Procuraduría al magistrado Francisco Farfán, quien lleva el caso contra los legisladores, para que reconozca como víctimas a dos entidades que han salido mencionadas en uno de los escándalos más robustos para el gobierno del presidente Gustavo Petro.
La carta dirigida a la Sala de Instrucción del alto tribunal pide exactamente que se constituya como parte civil al Congreso de la República y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) en el caso contra Name y Calle. Lo que quiere decir, que sean reconocidas como víctimas, en este caso que ha dejado títere sin cabeza.
En el documento de dos páginas, la Procuraduría argumenta que las víctimas se reconocen por obligatoriedad de la Constitución, cuando la personería jurídica del derecho público se ha visto perjudicada, y para el criterio del ente de control, esas son el Congreso de la República y la Unidad para la Gestión del Riesgo.
Esta solicitud de la Procuraduría se hace teniendo en cuenta que los hechos, al rededor del escándalo de corrupción en la UNGRD, pudieron afectar el bien jurídico de la administración pública y de la Constitución.
Así mismo, el ente de control le pide a la Corte correr traslado a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), teniendo en cuenta que su función es asumir la defensa jurídica de las entidades y organismos de la administración pública, y actuar en aquellos procesos que están involucrados los intereses de la Nación.
La situación de la UNGRD en el caso de Name y Calle se habría visto afectada por la corrupción que, según Olmedo López y Sneyder Pinilla, se dio desde la entidad a través del contrato de los carrotanques para La Guajira y que, supuestamente, terminó llenando los bolsillos de los congresistas con por lo menos 4 mil millones de pesos.
La solicitud de la Procuraduría también pide reconocer al Congreso de la República como víctima, teniendo en cuenta que la plata que habría llegado a los bolsillos de los legisladores del partido Alianza Verde y Liberal, supuestamente, tenía como objetivo el apoyo irrestricto a las reformas que radicara el gobierno de Gustavo Petro.
Una situación similar a la que se vivió en el caso del exsecretario privado de la Presidencia de Álvaro Uribe, Bernardo Moreno, quien terminó condenado por la Corte Suprema de Justicia, por hacerle favores políticas con nombramientos y contrataciones de personas cercanas a la excongresista Yidis Medina, para que apoyara el proyecto de la reelección presidencial.
El magistrado Francisco Farfán tiene la última decisión de si reconoce a la UNGRD y al Congreso como víctimas en la investigación contra los congresistas Iván Name y Andrés Calle, quienes terminaron salpicados en el escándalo de corrupción por los propios exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo.