La Procuraduría le puso la lupa a los cambios que adelanta Colpensiones para poner en marcha el nuevo modelo pensional del gobierno Petro. Para eso se requirió información sobre las modificaciones administrativas, tecnológicas y operativas que desde ya se implementan por esa entidad para la entrada en operación del nuevo modelo en el país.
La procuradora Diana Ojeda aseguró que “uno de los requerimientos que se le hizo al señor presidente de Colpensiones, tiene que ver con la solicitud de cómo va a ser la implementación tecnológica, los desarrollos técnicos y el cronograma para poner en marcha esta reforma”.
El ente de control informó que la solicitud surge ante la preocupación que tiene la ciudadanía en torno a su futuro pensional, y por eso, se solicitó precisiones sobre el manejo y actualización del sistema operativo, del cual dependen los procesos de reconocimiento y pago de prestaciones económicas y otras obligaciones a cargo de esa entidad.
“La entidad no se opone a una reforma, sino a muchos aspectos de esa reforma que están por reglamentar, que no fueron definidos en el texto, que quedaron confusos, se opone a la vigencia, se opone a la institucionalidad de Colpensiones porque conocemos sus fallas desde que la crearon. Desde muchos escenarios académicos, técnicos y requerimientos, hemos manifestado contundentemente que la entidad no está preparada para cumplir las obligaciones que tiene la nueva reforma pensional”, agregó la procuradora Ojeda.
Para eso Colpensiones deberá informar los tiempos de adquisición, migración y puesta a punto del sistema actual para atender la transición presentada por el cambio de modelo.
Y es que a un año de la entrada en operación del nuevo modelo pensional, una de las principales preocupaciones se basa en las mejoras de la infraestructura tecnológica que se ha implementado para administrar la información de 6.5 a 25 millones de afiliados. Los cuestionamientos también se centraron
La procuradora delegada para Asuntos del Trabajo también le pidió a Colpensiones que responda de fondo sobre las herramientas tecnológicas que utilizará para garantizar la interoperabilidad entre entidades que conforman el sistema pensional a corto plazo.
La Procuraduría también pidió información sobre el número de solicitudes de expedición y corrección de historia laboral radicadas, atendidas y pendientes de respuesta entre el segundo semestre de 2023 y lo corrido de este año, con el fin de garantizar los derechos y recursos de afiliados y pensionados de Colombia.
Así mismo, se indagará el número de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes aun sin respuesta, solicitudes de reconocimientos de prestaciones económicas, dictámenes de pérdida de capacidad laboral por resolver y la cifra de sentencias pendientes de cumplimiento por parte de esta entidad, entre otros aspectos.
En los próximos 10 días, Colpensiones tiene plazo para remitir toda la información solicitada con el cronograma que se ha establecido para implementar el nuevo modelo pensional que presentó el gobierno de Gustavo Petro y aprobó el Congreso de la República.
La ley busca fortalecer la administradora Colpensiones, reducir los subsidios a las altas jubilaciones y ampliar cobertura, pero las críticas han alertado que el proyecto podría dejar serias consecuencias para los mercados capitales y las finanzas públicas.