El procurador delegado para la Vigilancia de la Función Pública, Marcio Melgosa, le envío una solicitud con once peticiones al presidente de la Hidroeléctrica de Urrá, localizada al sur del Municipio de Tierralta, para que responda por la delicada situación que se estaría presentando en la contratación de la compañía y en la que estaría salpicado nuevamente el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.
En el documento de tres páginas, la Procuraduría aclara que “la actuación preventiva no implica en modo alguno la coadministración o injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de las entidades públicas o de los particulares que ejercen funciones públicas; tampoco conlleva la expedición de conceptos, avales o aprobaciones frente a documentos producidos o actuaciones desplegadas por los sujetos de la vigilancia”.
Pero sí le pide a dicha hidroeléctrica que envié todas las copias de los expedientes contractuales de los procesos de contratación a partir del segundo semestre del año 2023, el manual de contratación con el que se adelanta los procesos en la entidad, el manual de funciones y el informe por el cual se determina el precio del valor del kilovatio, así como las cantidades de energía para cada uno de los contratos suscritos durante el mismo periodo.
La vigilancia de la Procuraduría sobre Urrá arrancó después de que a la Presidencia de la República le llegara la alerta que en la generadora de energía en Córdoba se estaría ejecutando un plan corrupto, a través de la adjudicación de contratos billonarios a dedo y sin requisitos técnicos necesarios para el servicio y valor de las licitaciones.
Lo grave de todo esto es que el representante a la Cámara, Andrés Calle, podría estar salpicado nuevamente en este escándalo, teniendo en cuenta que la hidroeléctrica sería el centro del poder de su clan político. Hoy en día, Calle ya está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia frente al escándalo de corrupción que se habría dado en la compra de 40 carrotanques en la UNGRD para La Guajira.
Frente a este nuevo caso de corrupción que no cesa en Colombia, los Ministerios de Hacienda y de Energía, se pronunciaron a través de una carta y confirmaron que desde el pasado 31 de julio, le exigieron al actual gerente encargado de la compañía, Eduardo Díaz, que suspendiera cualquier contrato de venta de energía, toda vez que —según las denuncias conocidas hace unos días—, se estaban realizando sin ningún criterio técnico de asignación.
En el documento de MinMinas y MinHacienda se hace una línea de tiempo, según la cual la situación empezó desde el 8 de febrero de 2024, cuando se realizó una Junta Extraordinaria de la empresa, en la que fue solicitado el retiro del presidente de la misma, Rafael Amaya Del Vecchio.
Su salida habría tenido que ver con el control que ejercen los hermanos Calle (Andrés, expresidente de la Cámara de Representantes, y Gabriel) sobre la Central Hidroeléctrica Urrá, donde tienen fichas claves.
Por eso, la Procuraduría también le pidió a la Hidroeléctrica Urrá que remita el estudio por el cual se determinó las modalidades de pago por capitación, las actas de la Junta Directiva de enero a abril de 2023 y las actas de la asamblea general de accionistas. En total, son once requerimientos los que solicitó el ente de control.