Veinte días después de que SEMANA en la carátula: Las carpetas secretas reveló en exclusiva los nombres de una parte de las 130 víctimas que fueron interceptados por parte del algunos miembros del Ejército, se tomaron las primeras acciones para tratar de esclarecer quiénes son los responsables de ejecutar durante varios meses uno de los casos de espionaje más delicados en la historia reciente del país.

Este miércoles, como parte de las medidas, la Procuraduría llamó a juicio disciplinario a 13 miembros del Ejército. Entre ellos: dos generales, cinco coroneles, tres mayores, un teniente y dos suboficiales que tendrán que contar su versión sobre los presuntos perfilamientos realizados a periodistas, exministros, funcionarios de Presidencia, generales, políticos y sindicalistas, entre otros. Según le confirmaron varias fuentes a SEMANA, entre los altos oficiales vinculados al proceso se encuentra el general Gonzalo Ernesto García Luna, que fue llamado a calificar servicios horas antes de que se publicara la portada que denunciaba cómo el Ejército ejecutó un programa de seguimiento informático en el que la mayoría de sus objetivos fueron civiles. Hasta ese momento el oficial se desempeñaba como jefe de Inteligencia y Contrainteligencia de la institución castrense. 

El otro alto mando que fue citado a audiencia de juzgamiento es el general Luis Felipe Montoya. Se trata del exjefe de operaciones del Ejército. De acuerdo con la línea de mando, era el superior jerárquico del general García. Además, del general retirado Eduardo Quirós que tiene abierta una investigación disciplinaria desde el años pasado por extralimitar sus funciones para realizar “actividades de contrainteligencia, con lo que habría vulnerado requisitos y protocolos para la realización de este tipo de actividades”.

Luego de desempeñarse como jefe de contrainteligencia del Ejército, el general Quirós fue reasignado como comandante del CEDE 3. Esta unidad militar, según la misma institución, se encarga de  “asesorar y mantener informado al comandante del Ejército y al jefe de Estado Mayor en todo lo relacionado con las operaciones militares que se adelantan en el territorio nacional”. Esta decisión se tomó luego de que SEMANA revelara como este alto oficial estuvo a cargo de una persecución contra los militares que le entregaron información a los medios de comunicación sobre las órdenes que revivieron el temor de los falsos positivos.De acuerdo con la Procuraduría, el llamado se da por presunta recolección de información de carácter íntimo de ciudadanos nacionales y extranjeros. "Entre los reproches que formuló el Ministerio Público está la presunta obtención, durante el año 2019, de información de carácter personal, tanto de los aparentemente perfilados, como de otras personas con quienes aquellos tendrían afinidad o interacción, en presunta contravía de los requisitos previstos en la Ley de Inteligencia y en una eventual afectación de los derechos fundamentales de personas, lo que fue calificado como una falta gravísima a título de dolo", advierte en un comunicado la entidad. Tras el llamado del ente disciplinario, los 13 militares deberán responder por la presunta recolección de información de carácter personal e íntimo de más de una centena de civiles desconociendo límites que fija la Ley de Inteligencia y por "haber dispuesto en el mes de noviembre de 2019 el desplazamiento de personal del Batallón de Ciberinteligencia para realizar labores de inteligencia que favorecerían a un funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales".Entre las pruebas que obran en el expediente figura la visita de inspección disciplinaria efectuada a las instalaciones del Batallón de Ciberinteligencia, informes técnicos científicos elaborados por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría -DNIE-, las declaraciones de los Comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército Nacional y la visita a la Inspección General del Comando General de las Fuerzas Militares, entre otras.Tras inspeccionar una decena de discos duros y una docena de memorias USB, el ente disciplinario concluyó que no todas las actividades de inteligencia del Batallón de Ciberinteligencia –Bacib– se enmarcaron en una misión oficial, lo cual es un requisito de ley. Eso ocurre con el dossier rotulado “Casos especiales”, cuyo contenido apuntaba a perfilar y analizar información de un centenar de personalidades. “Los análisis, presuntamente, surgen de exámenes realizados a las reacciones en redes sociales de los mencionados, a las publicaciones hechas por los medios de comunicación en temas específicos y de impacto nacional”, concluye el peritaje.

Los peritos encontraron referencias a la “revisión de buzones de los blancos asignados”, información de cuentas de Facebook y que el acopio de información sobre estos blancos “no estaba enmarcado en la misión”. Es decir, que junto a misiones legales y legítimas, también desarrollaron otras por fuera de la ley, las cuales determinaban según lo que “considere el comandante y su plana mayor”. También hallaron misiones irregulares en las que toman medidas de seguridad como “realizar intervalos y saltos de red para disminuir el riesgo de ser detectados por agentes de la amenaza o por propios del Estado”.SEMANA había revelado que en el allanamiento interrogaron a varios capitanes y otros oficiales. Todos negaron haber cometido actos ilegales. Afirmaron que escasamente se dedicaban a recolectar “información abierta”, es decir, lo que encuentran en internet y redes sociales. Pero sorprendió, sobre todo, la capacidad del Bacib para usar software de intrusión, acceso a correos electrónicos y herramientas para engañar y recolectar datos.El informe también reseña la compra de Hombre Invisible, una herramienta informática para acceder a llamadas, correos electrónicos y al WhatsApp. Un instructivo de este software apareció en correos de 2018.También señala la existencia de otras herramientas como Proyecto Sable, un software que mediante procedimientos intrusivos recolecta información de sistemas informáticos de manera anónima. Y se señala la existencia de Perseo y Teseo, que permitieron obtener los códigos IMEI de celulares monitoreados, algo fundamental para las interceptaciones telefónicas. El documento no aclara quiénes pudieron ser víctimas de estas actividades, para las que no tiene facultad legal la unidad militar.Toda esta recolección de información se llevó a cabo luego de que en enero a través de la publicación: Chuzadas sin cuartel, SEMANA reveló que el uso ilegal de sofisticados equipos para espiar, precipitaron la salida del entonces comandante del Ejército, general retirado Nicacio Martínez. En una segunda entrega, publicada el 2 de mayo, esta misma revista contó cómo por medio de herramientas informáticas y de software, algunos militares realizaron búsquedas y recolectaron masiva e indiscriminadamente toda la información posible de sus objetivos para elaborar informes de inteligencia militar.