Mientras la Fiscalía General de la Nación consideró la presunta violación de la menor de 12 años de la etnia Embera Chamí ocurrida el pasado 21 de junio como acceso carnal abusivo, la Procuraduría General de la Nación adelanta la investigación por presunto acceso carnal violento agravado. Precisamente, la Procuraduría informó este domingo, hará dos investigaciones por separado. Es decir, por un lado, el proceso contra los siete soldados del Batallón de Artillería de la Octava Brigada que aceptaron cargos, y por otro, el de tres suboficiales a quienes la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ejército vinculó a las actuaciones iniciales.

En la primera investigación seguirán vinculados los soldados adscritos al Batallón de Artillería No. 08 ‘Batalla de San Mateo‘ de la Octava Brigada, con sede en Pereira, Risaralda, Juan Camilo Morales Poveda, Yair Stiven González, Luis Pérez Holguín, Juan David Guaidi Ruíz, Óscar Eduardo Alzate, Deyson Andrés Isaza Zapata y Luis Fernando Mangareth Hernández. La segunda, ante la falta de razones que expliquen la vinculación al proceso del sargento viceprimero Juan Carlos Díaz Díaz, el cabo primero Camilo Hernández Martínez y el cabo tercero Jaider Muñoz García se determinó que por separado se asigne un nuevo radicado y se inicie una indagación para establecer la presunta falta disciplinaria.

Para la Procuraduría existe la “necesidad de hacer una distinción acerca de la situación disciplinaria en que se podría encontrar el grupo de Soldados que fueron convocados a un proceso penal y aceptaron los cargos imputados, y los tres Suboficiales respecto de los cuales por ahora no se conoce la razón para ser vinculados a la indagación disciplinaria cuya apertura fue ordenada y radicada con N° 031-BASAM-2020, el 23 de junio de 2020 en el Batallón de Artillería No. 8 ´Batalla San Mateo´ con sede en Pereira”. La decisión de avanzar la investigación en dos líneas fue tomada por el funcionario especial que lleva el proceso por delegación directa del Procurador, Fernando Carrillo Flórez. La violación múltiple de la niña habría ocurrido el domingo 21 de junio en una zona selvática al lado del río San Juan, cerca al resguardo indígena Dokabu de Pueblo Rico al nororeste de Risaralda.

Los siete militares implicados mantuvieron a la menor retenida alrededor de 15 horas y la dejaron ir tras advertirle que no hablara de lo sucedido, sin embargo, ella contó lo que le había ocurrido y pudo señalar a los agresores. Los siete militares se declararon culpables y actualmente permanecen privados de la libertad en el Batallón Pedro Nel Ospina, ubicado en el municipio de Bello- Antioquia.