En la extensa acusación contra el abogado Diego Cadena la Fiscalía General citó varias veces las conversaciones que sostuvo en el año 2018 con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En una de ellas, el exmandatario le pide al jurista que “proceda” en unas visitas a las cárceles para certificar que un grupo de exparamilitares querían retractarse de las acusaciones que habían hecho en su contra.
Para el jurista, estas interceptaciones son totalmente ilegales y vulneran los principios de confidencialidad y el secreto profesional que tienen todos sus abogado con su clientes. Por esto, ha presentado varias acciones judiciales para que estas no sean utilizadas en el juicio penal que se le adelanta por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
Sin embargo, hasta la fecha, no ha recibido la respuesta esperada. Recientemente, a la Corte Constitucional llegó un concepto firmado por la procuradora General, Margarita Cabello Blanco en la que pide que se revise la tutela y se evalúen los planteamientos frente a la protección del secreto profesional.
Para la jefa del Ministerio Público, la discusión es clave y “trasciende la satisfacción de los intereses individuales de las partes, porque independientemente de la decisión que se adopte, se busca la orientación, consolidación de la jurisprudencia y pedagogía constitucional, con ocasión de un caso paradigmático que impone analizar la operación en concreto del privilegio de confidencialidad entre el abogado y su cliente”.
En el caso en cuestión, se señala la relevancia frente a una controversia general, “porque los elementos fácticos del caso versan sobre la protección al debido proceso, a la defensa, a la intimidad y a la inviolabilidad de las conversaciones privadas, así como la salvaguarda del secreto profesional entre el abogado y su cliente”.
Por esto, aseguró Cabello Blanco, no se puede perder de vista la importancia de este debate constitucionalidad frente a los principios de confidencialidad que tienen las conversaciones o cualquier tipo de comunicación entre un abogado y su cliente, poniendo el dedo en la llaga sobre la intervención “de las conversaciones telefónicas” por parte de las autoridades.
En los próximos días se reanudará el juicio penal contra Diego Cadena. En las diligencias pendientes se espera que se presenten los testigos de la Fiscalía General, para así darle paso a las pruebas documentales y testimoniales planteadas por la defensa del jurista.
Para la Fiscalía General, el abogado Diego Cadena, presentándose como apoderado judicial del expresidente Álvaro Uribe Vélez, realizó varias visitas a la cárcel La Picota, de Bogotá, con el fin de contactarse con Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar que había señalado al exmandatario de tener vínculos directos con las AUC.
En esos encuentros, Cadena le habría hecho ofrecimientos económicos y asesorías jurídicas a Monsalve a cambio que se retractara y asegurara que todo lo dicho había sido planeado por el senador Iván Cepeda.
En la acusación se reseñó una grabación hecha por Monsalve con un reloj. Igualmente, se citó la carta del exparamilitar -quien cumple una condena de 33 años de cárcel por secuestro- en la que le advirtió a los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que había recibido presiones para cambiar su versión y firmar su retractación.
Por su parte, Cadena ha asegurado que jamás ejerció presiones ni hizo ofrecimientos por fuera de la ley, puesto que solamente verificó la voluntad de varios testigos en contra del exmandatario de presentar su retractación ante todo lo que habían dicho.