La Procuraduría General de la Nación presentó una solicitud a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que impute a los máximos comandantes del Bloque Noroccidental de las Farc por crímenes de lesa humanidad. Estos crímenes incluyen esclavitud, violencia sexual, tortura, desaparición forzada, entre otros, cometidos contra menores de edad, mujeres y ancianos.
El procurador delegado ante la JEP, Jairo Acosta Aristizábal, enfatizó la importancia de dar reconocimiento a las víctimas con enfoques diferenciales en este caso. Ha destacado que niños secuestrados, personas de la tercera edad y otros en situación de vulnerabilidad fueron sometidos a crueles privaciones de libertad, y muchos de ellos continúan buscando restitución de tierras o indemnizaciones.
“Niños secuestrados, personas de la tercera edad o en condición de vulnerabilidad fueron privadas de su libertad en formas crueles e inimaginables. Se han convertido en caminantes perpetuos, siguen reclamando restitución de tierras o indemnizaciones: reclaman lo que es suyo. El riesgo ante esta deuda, aún vigente, es que como sociedad y Estado volvamos a fallarles”, señaló el delegado Acosta.
Según un análisis de la Procuraduría, se han identificado 454 hechos cometidos por el Bloque Noroccidental de las Farc, que afectaron a un total de 1,200 víctimas, incluyendo 167 mujeres, 895 hombres, tres personas con orientación sexual e identidad de género diversa y al menos 38 niños, niñas y jóvenes.
Entre los crímenes más recurrentes se encuentran la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, con 134 víctimas, y el homicidio de 66 personas. Además, se han identificado casos de secuestros bajo modalidades como retención en vías e invasión a la propiedad privada.
Los municipios con mayor cantidad de víctimas secuestradas por dicho bloque fueron, según el órgano de control, Tierralta (123), Jardín (49), Mutatá (48), Quibdó (44), Dabeiba (40), Samaná (38), Medellín (35) Guatapé (34) y Sonsón (30), siendo Antioquia, Córdoba y Chocó los departamentos más afectados.
La Procuraduría también solicitó la inclusión del crimen de esclavitud en la imputación, ya que se ha identificado que algunas víctimas fueron forzadas a trabajar en condiciones de esclavitud.
“Se pudieron identificar casos donde las víctimas fueron obligadas a trabajar de forma forzosa, por lo que solicitó la incorporación del crimen de esclavitud en la imputación, pues fue un patrón que ocurrió en todo el país. Un dato que llama la atención es que por lo menos 183 secuestros no tuvieron una finalidad identificada”, indició el delegado ante la JEP.
Además de estos crímenes, se han documentado tratamientos crueles e inhumanos, incluyendo casos de abuso sexual y asesinatos de víctimas en cautiverio. La Procuraduría enfatizó que estos crímenes no fueron aislados, sino que formaron parte de un patrón dentro del Bloque Noroccidental, y busca determinar quiénes autorizaron y participaron en estos actos.
“También que estos crímenes no fueron hechos aislados, sino que el homicidio de personas en cautiverio era un asunto del que la dirección tenía conocimiento o al menos debía tenerlo, por lo cual deberá determinarse cómo operó este patrón en particular, quiénes autorizaron el asesinato de personas en cautiverio y cuáles frentes tuvieron participaron en esta”, detalló.
El Ministerio Público espera una respuesta de ja Justicia Especial, ante quien ha insistido en reiteradas ocasiones sobre la apertura de un macrocaso 11 exclusivo sobre violencia sexual, violencia reproductiva y violencias basadas en género cometidas por la extinta guerrilla de las Farc.
“Por medio de una acción de tutela, logramos que se ampararan los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado, al conseguir que la JEP concediera la tutela y ordenara dar apertura al macrocaso en esta materia”, indicó al respecto la procuradora general, Margarita Cabello Blanco.