La Procuraduría General radicó un documento ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el que pide que se investiguen los presuntos nexos que habrían tenido agentes del Estado con grupos paramilitares y la guerrilla de las Farc en el marco del conflicto armado. En el documento firmado por la delegada ante la JEP se señala que en los nuevos cuatro macrocasos que se abrirán próximamente es necesario ver las aristas de las alianzas que se habrían presentado con grupos armados ilegales, lo que permitió la ejecución de varios delitos y acciones contra la población civil.
En uno de los apartes de la petición se señala la necesidad de “investigar y juzgar” una “convivencia, cooperación y alianzas” entre agentes de la Fuerza Pública y del Estado con estos grupos que delinquieron en todas las regiones del departamento y emprendieron una guerra a muerte por el control del territorio. Frente a la información recaudada en los últimos meses, se señala la necesidad de ampliar los aspectos de la investigación para vincular casos de desaparición forzada, violencia sexual y utilización de métodos y medios ilícitos de guerra que ejecutaron estos grupos subversivos y paramilitares.
Igualmente se cita la petición hecha por las víctimas reconocidas y organizaciones de la sociedad civil en agosto y noviembre pasado para darles visibilidad a varios hechos registrados en el conflicto armado, asegurando que no se puede omitir la realidad de lo ocurrido en poblaciones distantes y alejadas que también sufrieron actos de violencia. En este punto se hizo un llamado de atención para que no se dé la sensación que el actuar de la justicia “es un derecho que solo les pertenece” a las víctimas de las consideradas regiones con más visibilidad.
“La Sala debe dejar absoluta claridad a las víctimas y a los demás intervinientes en que la no inclusión de algunos departamentos, municipios o regiones como territorios ilustrativos, no implica el desconocimiento de la violencia que se vivió allí ni el sufrimiento padecido por las víctimas”, señala uno de los apartes de la misiva de 24 páginas. En este caso se le pide a la Sala de Reconocimiento tener en cuenta estas recomendaciones en la apertura de los nuevos casos.
Frente a la complejidad de los nuevos macrocasos y las diferentes líneas de investigación que se derivan de estas la Procuraduría General fue enfática en manifestar que se requieren más recursos humanos. Por ello, se reitera la necesidad de una transformación y adecuación de la Sala para hacer frente a las demandas y expectativas de justicia”. Con esto se lograra una respuesta oportuna a los requerimientos que presenten cada uno de los sujetos procesales en el desarrollo de estos casos.
Atendiendo varias solicitudes radicadas por las víctimas es necesario también ejercer una “atención diferencial” a la población que está en lugares muy alejados o está en condiciones de discapacidad, con el fin de que accedan a la administración de justicia y “se ponga la lupa a las denuncias de amenazas denunciadas por las víctimas, así como a los sitios donde afirmaron que hay restos de personas desaparecidas”.
Finalmente, considera necesario brindarles todas las medidas de protección a las personas que han denunciado la existencia de amenazas y planes que ponen en riesgo su vida e integridad. Para esto se pidió coordinar un plan para garantizar la seguridad. Además de emitir cautelares al cementerio central de Bucaramanga (Santander), al cementerio de Cartago (Valle del Cauca), inmediaciones a los municipios de Lengupá (Boyacá) y Charalá (Santander), lugares donde presuntamente se encuentran cuerpos de personas reportadas como desaparecidas.