La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Justicia Especial para la Paz (JEP) determinar que el Bloque Occidental de las Farc cometió secuestros con fines de explotación laboral, estableciendo así un “patrón independiente de macrocriminalidad”. Según el informe presentado, las víctimas de estos secuestros fueron tratadas como “propiedad” y se les impuso trabajos forzosos.
Entre los casos citados en el documento se destacan seis hechos de esta naturaleza, cuyas víctimas fueron dos campesinos, dos estudiantes y el conductor de una volqueta.
“Esta finalidad se relaciona con conductas en donde se buscaba utilizar al secuestrado con un objetivo de extracción de la fuerza de trabajo, por ejemplo, para la apertura de caminos, arreglo de vías, transporte, limpieza y preparación de alimentos, entre otros”, asegura el documento de observaciones.
En el documento, entre otros, el Ministerio Público da cuenta del secuestro de una mujer en Policarpa, Nariño, que fue llevada a un campamento guerrillero en la selva para ser forzada a trabajar en labores de cocina, limpiando las botas de los guerrilleros y obligarla a sostener relaciones sexuales con ellos.
“Antes del Auto 019 de 2021 muchas víctimas de diferentes Bloques no eran conscientes de que los trabajos forzados a los que fueron sometidos y el ejercicio de los derechos de dominio que los antiguos miembros de las Farc ejercieron sobre ellos era una forma especial de victimización: esclavitud”, indicó un delegado de la Procuraduría.
El reconocimiento de este patrón por parte de la JEP, para el Ministerio Público, constituye una garantía del derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad en general, “pues negarlo implica invisibilizar una de las formas de victimización utilizadas por el Bloque en el marco de la política de secuestros, máxime cuando la reparación tendrá que caracterizarse a tono con el daño”.
Además de solicitar el reconocimiento de este patrón de explotación laboral, la Procuraduría también pidió a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas un informe detallado sobre las víctimas de desaparición forzada que aún están siendo buscadas y respecto de las cuales se han presentado demandas de verdad en este caso.
El análisis general sobre las diferentes modalidades de secuestro utilizadas por el Bloque Occidental de las Farc reveló que entre 1993 y 2016 se habrían secuestrado al menos 963 personas, de las cuales 107 eran civiles, incluyendo campesinos, comerciantes, adultos mayores y menores de edad. Por los rescates, se cobraban en promedio 200 millones de pesos, y en muchas ocasiones, después de recibir el pago, los secuestrados nunca regresaban a sus hogares.
El período en el que se cometieron la mayoría de estos secuestros por el Bloque Occidental fue entre 1999 y 2001, identificándose una alta proporción de menores de edad (al menos 80) como víctimas. Este hecho particular debe ser evidenciado en el Auto de Determinación de Hechos y Conductas del Bloque.
La Procuraduría también ha tomado en cuenta las declaraciones de uno de los máximos comandantes del Bloque Occidental, quien afirmó “en Nariño ocurrieron las más grandes masacres que el Ejército y la Policía cometieron y que aún no han sido investigadas”.
Sobre esta declaración, el ente de control afirmó que no puede ignorar esas afirmaciones y solicitó que los magistrados relatores del Caso 08 sean trasladados para incorporar su testimonio sobre la colaboración entre la Fuerza Pública y el paramilitarismo en la región del Bloque Occidental.
Con respecto a las víctimas y al reconocimiento de los daños ocasionados, señaló la Procuraduría que otra de las necesidades latentes en este proceso es que las víctimas con enfoques diferenciales sean exaltadas. Niños secuestrados, personas de la tercera edad o en condición de vulnerabilidad fueron privadas de su libertad en formas crueles e inimaginables.
“El sufrimiento de ellas y sus familias es inmensurable. Muchas tuvieron que irse de sus hogares en varias oportunidades, no obstante, en varios casos todavía falta mayores asunciones de responsabilidad sobre el desplazamiento directo que se generó, pues en los reconocimientos de responsabilidad todavía no se reconoce esta práctica como una política directa”, añadió el procurador delegado.